La misión constituida por la ONU para investigar las violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela ha constatado una intensificación de los ataques contra el espacio cívico con vistas a «silenciar» a las voces críticas, lo que hace que la «vigilancia internacional» sea «más crucial que nunca».
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, constituida en 2019 por iniciativa del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tiene «motivos razonables» para denunciar cinco ejecuciones arbitrarias, más de medio centenar de detenciones ilegítimas y 29 casos de torturas y maltrato, entre ellos 19 de violencia sexual.
La presidenta del grupo, Marta Valiñas, ha avisado de que «continúan cometiéndose en Venezuela violaciones graves a los Derechos Humanos». Así, pese a que en cifras parece haber menos, «estos incidentes se han llevado a cabo de manera más selectiva contra determinadas personas de la sociedad civil, tales como dirigentes sindicales, periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos».
«Los mecanismos de represión siguen existiendo, lo que hace que la vigilancia internacional a la vigencia de los Derechos Humanos sea más crucial que nunca en Venezuela», ha añadido Valiñas.
Otro de los integrantes del grupo, Francisco Cox, ha atribuido al régimen de Nicolás Maduro «capacidad de adaptación» para «sofocar la crítica», en virtud de la cual adopta mecanismos «duros y blandos» que aplica con distintos niveles de intensidad, «dependiendo de la naturaleza y la fortaleza de la disidencia social».
De la represión indiscriminada tras la ola de protestas opositoras de 2017 se ha pasado a «amenazas, vigilancia y hostigamiento constantes» contra personas y entidades concretas, contra las cuales también se han utilizado actos de difamación y censura», según los expertos.
