El abogado de María Corina Machado, Perkins Rocha, quien lleva años arrestado por el régimen venezolano, ha señalado directamente al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras conocerse su imputación en España por una investigación de presunto blanqueo de capitales vinculada a Venezuela. Rocha, actualmente bajo arresto domiciliario después de haber pasado por El Helicoide, ha sostenido en una entrevista para Bipartidismo Stream que en Venezuela «no era nuevo» escuchar referencias a supuestos negocios del exdirigente socialista en torno a recursos minerales del país.

El abogado de la líder opositora ha asegurado que durante años fue «conocido» entre venezolanos que Zapatero aparecía vinculado a grupos económicos que, según su versión, comercializaban con recursos naturales procedentes de minas venezolanas. «Estos cuentos de la mina, de la extracción y manejos de recursos y de negocios que se hicieron con esa mina era algo común en los venezolanos», ha afirmado Rocha, que ha añadido que no sólo se hablaba de la exsenadora colombiana Piedad Córdoba, sino también del propio Rodríguez Zapatero.

El punto central de su relato se remonta a unas declaraciones atribuidas a Piedad Córdoba, fallecida en 2024, en las que la dirigente colombiana habría asegurado que tanto ella como Zapatero recibieron una mina de oro en Venezuela. Según ha explicado Rocha, aquella afirmación tuvo un fuerte impacto en el país porque coincidía con un contexto en el que el Gobierno de Nicolás Maduro estaba entregando explotaciones mineras a gobernadores para obtener recursos con los que cubrir gastos públicos regionales. El abogado ha calificado esa práctica como «poco ortodoxa» y ha recordado que la actividad minera en Venezuela ha estado tradicionalmente centralizada por el Estado.

Rocha ha relatado que, tras esas adjudicaciones, comenzaron los rumores sobre la cesión de minas a distintos factores económicos en cada estado. En ese contexto, ha situado la confesión pública de Córdoba, quien habría dicho que no sabía cómo gestionar la mina que le habían entregado y que fue Zapatero quien le explicó el mecanismo para acceder a los recursos y comercializar los beneficios de la extracción mineral. La existencia de esas declaraciones de Córdoba ya había sido recogida anteriormente en verificaciones y medios españoles, aunque siempre como afirmaciones atribuidas a la exsenadora colombiana, no como hechos judicialmente probados.

El abogado opositor ha vinculado esas sospechas con el papel político que, a su juicio, desempeñó Zapatero durante los años de mayor tensión en Venezuela. Según Rocha, el expresidente español actuaba como una especie de «canciller» o «apaciguador» del régimen de Maduro, presentándose como mediador ante sectores de la oposición cuando la presión interna e internacional amenazaba con debilitar al chavismo. En su opinión, esas iniciativas terminaban funcionando como un «bypass» de la crisis política y reforzaban al Gobierno venezolano.

Rocha también ha recordado que ya en 2018 la Asamblea Nacional venezolana debatió una moción para declarar a Zapatero persona no grata. Según su relato, aquel episodio reflejaba el malestar de una parte de la oposición ante el trato «extremadamente amigable» que el expresidente español mantenía con el régimen de Maduro y ante una posición que definió como «ambigua» y «complaciente».

Las palabras del abogado de Machado llegan en plena investigación abierta en España en torno a una presunta red internacional de blanqueo con conexiones venezolanas. Según las informaciones publicadas, la causa arrancó a partir de solicitudes de cooperación judicial de Suiza y Francia y derivó en pesquisas sobre empresarios venezolanos, fondos públicos desviados y operaciones vinculadas al entorno de Plus Ultra.

La parte relativa al oro ha cobrado especial relevancia después de que informaciones recientes apuntaran a conversaciones intervenidas por la UDEF sobre el llamado «proyecto Minerven», relacionado con la principal minera estatal venezolana. En ese marco, las declaraciones de Rocha añaden presión política al caso al situar las sospechas sobre Zapatero no sólo en el terreno de la mediación con Maduro, sino también en el de los presuntos intereses económicos asociados a la explotación de minas de oro en Venezuela.