La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que preside la legisladora Lady Camones, sesiona este viernes 14 desde las 11 am y tiene previsto dar cuenta de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación contra el comunista Pedro Castillo, acorralado por escándalos de corrupción que involucran a sus asesores más cercanos e incluso a su familia.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, denunció a Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. El expediente también incluye a los exministros de Transportes, Juan Silva Villegas -prófugo de la justicia desde junio de este año- y de Vivienda, Geiner Alvarado López, recientemente censurado por el Congreso debido a las serias investigaciones fiscales en su contra.
Cabe añadir que este martes fueron detenidos de manera preliminar, a pedido del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, un grupo de allegados a Castillo denominados “asesores en la sombra”. Estos son investigados por los presuntos delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencias y encubrimiento personal.
“No puede esperar”
Camones aseguró que la denuncia presentada contra el mandatario debe ser priorizada, a pesar de que esto pueda motivar una moción de censura en su contra desde de Perú Libre, el partido marxista leninista que llevó a la presidencia a Pedro Castillo.
En declaraciones a RPP, la parlamentaria de Alianza Para el Progreso (APP) respondió así a la posibilidad de que la bancada izquierdista presente un recurso para retirarla de la presidencia de la Subcomisión de Comisiones Constitucionales.
“Lamento mucho que estén tomando estas acciones tratando de obstruir el trabajo de la subcomisión. Es prerrogativa de la presidencia de la subcomisión poder adoptar decisiones respecto a la agenda que uno desarrolla”, aseguró este jueves.
“Estamos hablando de la denuncia constitucional hacia la máxima autoridad de nuestro Estado, el presidente de la República. Esto no puede esperar. Cuanto más pronto se realice la investigación, mayor estabilidad política y jurídica para nuestro país”, agregó.
Camones, que presidió la Mesa Directiva del Congreso hasta su súbita censura en septiembre, aseguró que solo está cumpliendo con su función de manera “imparcial y objetiva”.
Trámite engorroso
Camones también explicó que la denuncia constitucional que presentó este martes la fiscal de la Nación podría demorar en tramitarse al menos tres meses.
La expresidenta del Congreso explicó que este sería el mínimo de tiempo para tramitar la denuncia contra el mandatario debido a la cantidad de procesos que se tienen que realizar.
“Entonces es un proceso que va a tomar un promedio, no creo que menos de tres meses. Claro, obviamente por todos los procedimientos que hay que atender, por todos los plazos que hay que cumplir, en este caso por todos los testigos que hay que escuchar”, dijo en RPP.
De acuerdo con Camones, se otorgan 10 días hábiles para que la Subcomisión califique la denuncia constitucional como procedente o improcedente. En caso se dé la procedencia, se cita a una nueva sesión de la Subcomisión donde el informe de calificación se somete a votación. Si no supera la mayoría de los votos se archiva, pero si se aprueba el informe es derivado a la Comisión Permanente, un órgano del Legislativo que tiene la función constitucional de acusar a los altos funcionarios ante el Pleno del Congreso.
En este punto, se coordina con el presidente de la referida comisión para que pasadas 48 horas desde que reciben el informe se cite a una sesión y se exponga el informe para que también sea sometido a votación. Entonces, si la Comisión Permanente lo aprueba, fija un plazo de 15 días para emitir un informe final.
No obstante, Camones advirtió que, dada la magnitud del caso, este plazo no sería suficiente para poder tomar las declaraciones de todos los testigos, por lo que habría la posibilidad de que se prolongue.
Luego se presenta el informe final y se sustenta nuevamente en la subcomisión, donde se somete a votación. En caso de que se declare procedente, el informe vuelve a la Permanente, donde también se vota y entonces se procede plantear la denuncia ante el Pleno del Congreso.
