Una red de sobornos compromete a 22 personas de Ecuador, 10 funcionarios y 12 empresarios. Para evitar enfrentar la justicia, la exministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte, pretendía asilarse en Argentina. Pero el Gobierno del Ecuador no lo permitió.
Argentina aceptó la solicitud de asilo presentada por la misma Duarte. Sin embargo, por medio de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador respondió a la solicitud del canciller de Argentina, Santiago Cafiero.
Ecuador le negó a Duarte acceso a un salvoconducto. Por definición, un salvoconducto es un documento expedido por una autoridad para que quien lo lleva pueda transitar sin riesgo por donde aquella es reconocida. O bien, es la libertad para hacer algo sin temor de castigo.
Por su parte el canciller Juan Carlos Holguín anunció que Ecuador “no concederá el salvoconducto para que la exministra salga del país”, para asilarse en Argentina. “Para nosotros no es lícito entregar un asilo a una persona que ha sido sentenciada por un delito de corrupción y que tuvo todas las garantías en el que caso en el que estuvo inmersa”, agregó.
Argentina le habría dado un ultimátum a Ecuador
Es oficial que Ecuador no le dará el salvoconducto a Duarte. Ahora el siguiente paso es el conflicto diplomático que esto desató. La Cancillería asegura que el Gobierno de Guillermo Lasso recibió un “ultimátum”. Pero el gobierno no se sintió amedrentado. Por el contrario, rechazó “cualquier intento de poner plazos o condiciones a un tema que requiere un meticuloso análisis jurídico”.
Dado que Duarte ya fue sentenciada por corrupción, el derecho internacional no permite su acceso a asilo. Durante la anterior administración, la del expresidente ecuatoriano Lenin Moreno, ya le fue negado el salvoconducto a Duarte. Pues desde agosto de 2020 la exministra de Rafael Correa solicitó refugiarse en la Embajada argentina en Quito.
Argumentos jurídicos contra el asilo
En vista que Duarte fue condenada a ocho años de prisión por corrupción, no es lícito que solicite tal beneficio. Como Argentina y Ecuador son ambos firmantes de la Convención de Caracas de 1954 no pueden asilarla en estas circunstancias. El Artículo III de la Convención sobre Asilo Político determina que una persona no puede ser asilada si fue condenada y aún no ha cumplido su pena.
Uno de los primeros en protestar fue el expresidente Rafael Correa, uno de los 22 implicados en el caso Sobornos 2012-2016. En contravención a lo dicho en la Convención sobre Asilo Político, Correa asegura que Duarte sí tiene acceso a este.
Enseguida salió a la luz un caso de persecución ideológica. Carlos Eduardo Pérez Barriga, director del diario local El Universo, le reprochó al ex mandatario porque no le concedió un salvoconducto cuando este pidió asilo en Panamá.
Pérez Barriga fue uno de los tantos periodistas perseguidos bajo el gobierno de Rafael Correa. Fue necesario que Correa salga del poder para presentar una denuncia ante el CIDH por la persecución contra la oposición. El único juez que votó en contra de la libertad de expresión de los medios es argentino: Eugenio Raul Zaffaroni.
Dicho magistrado es promotor de una corriente del garantismo que sitúa al delincuente como víctima de la sociedad y a las fuerzas del orden como funcionales a un sistema de opresión. Por eso fue posible ponerse del lado de un régimen autoritario que silenció a la prensa y negó acceso a hospitales.
Ahora en Ecuador sus aliados ideológicos y su compatriota sufrieron un duro golpe. Pues la Embajada de Argentina no podrá asilar a Duarte.
