El Gobierno de José Antonio Kast ha asegurado que Chile ha expulsado ya a 1.174 extranjeros desde el inicio de su gestión, después de efectuar este domingo un nuevo vuelo de deportación con 40 inmigrantes de nacionalidad boliviana, colombiana y ecuatoriana.
Se trata del séptimo vuelo de expulsión realizado desde el comienzo de la legislatura, dentro de una política migratoria más firme orientada a reforzar el control del territorio, ejecutar órdenes pendientes y avanzar hacia una inmigración «segura y regular».
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, explicó en rueda de prensa que los 40 expulsados abandonaron el país en un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile.
Expulsiones administrativas y judiciales
Según Sauerbaum, de los deportados en este último operativo, 28 salieron por vía administrativa y 12 por orden judicial. Entre los casos judiciales figuran delitos como robo con violencia, robo con intimidación, tenencia de armas, delitos de drogas y abuso sexual.
El Gobierno chileno ha defendido que este tipo de vuelos deben realizarse de forma continua para garantizar que las órdenes de expulsión no queden en papel mojado.
Kast pide más recursos para aumentar las deportaciones
Sauerbaum insistió en la necesidad de destinar un mayor presupuesto a estas operaciones durante el próximo año, al tratarse de procedimientos con un coste elevado para el Estado chileno. El Ejecutivo de Kast considera que reforzar las expulsiones es una pieza clave para recuperar el control migratorio y evitar que la irregularidad se consolide como una vía de permanencia en el país.
La cifra difundida por el Gobierno contrasta con las 1.250 expulsiones registradas en 2025, cuando el Ejecutivo estaba encabezado por el izquierdista Gabriel Boric.
Más de 6.300 salidas voluntarias
El Servicio Nacional de Migraciones también informó de 6.384 salidas voluntarias desde enero. De ellas, el 93% corresponde a ciudadanos venezolanos. Según Sauerbaum, 911 de esas salidas se produjeron después del doble terremoto registrado el pasado 24 de junio frente a la costa de Venezuela.
El Gobierno chileno busca así combinar expulsiones forzosas, salidas voluntarias y mayor control administrativo para ordenar una crisis migratoria que durante años tensó la seguridad, los servicios públicos y la convivencia en distintas zonas del país.
