El Gobierno de Javier Milei ha iniciado una de las mayores reformas desregulatorias de la historia reciente de Argentina, eliminando 973 normas que afectaban a la industria vitivinícola. La medida, enmarcada en el plan de transformación del Estado, busca liberar al sector de décadas de control político y burocrático y devolverle su competitividad en el mercado global, según informa Libre Mercado.

A través de la Resolución 37/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo puso fin a un entramado normativo que superaba las 1.200 disposiciones y regulaba todos los eslabones de la cadena productiva: desde el viñedo y la cosecha hasta la elaboración y exportación.

El Gobierno justifica la medida como una revolución de sentido común: las normas superpuestas generaban costos excesivos, demoras administrativas y pérdida de productividad en uno de los sectores más emblemáticos de la economía argentina.

Entre las principales novedades, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) dejará de intervenir en las etapas iniciales del proceso productivo —como el control del viñedo, la cosecha o el transporte— y se limitará al control del producto final embotellado.

Además, se eliminan miles de trámites innecesarios, entre ellos la declaración jurada semanal de producción, las multas por presentaciones fuera de plazo y los permisos de tránsito, que sólo en 2024 superaron los 140.000.

También se flexibilizan las certificaciones de origen, añada y varietal, que dejan de ser obligatorias para todos los productores y pasan a ser opcionales, según las necesidades comerciales de cada bodega.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que el objetivo es «reducir la burocracia, limitar las oportunidades para la corrupción y devolver la libertad al productor«. El funcionario recordó que «la intervención constante del Estado había convertido la industria en un laberinto administrativo que castigaba a quien produce y premia al que tramita».

La decisión forma parte del programa de modernización institucional impulsado por Milei, que busca recortar regulaciones, fusionar organismos y redefinir el rol del Estado como garante, no como actor. «Menos regulación significa más inversión, más empleo y más vino argentino compitiendo en el mundo», señaló Sturzenegger en redes sociales.

La industria vitivinícola argentina produce más de 900 millones de litros al año y exporta alrededor de 800 millones de dólares, con fuerte presencia en mercados de Estados Unidos, Reino Unido y España. La liberalización apunta a fortalecer su presencia internacional y a reducir la carga regulatoria que durante años restó margen a los pequeños productores.