El Gobierno de Perú ha salido a negar que esté preparando un indulto para el expresidente Pedro Castillo, condenado a 11 años y cinco meses de prisión por conspiración para cometer rebelión tras su intento fallido de disolver el Congreso en diciembre de 2022. El desmentido llega en plena campaña electoral y cuando sectores de la izquierda castillista han convertido la liberación del exmandatario en una de sus principales banderas políticas.

El ministro de Justicia, Luis Enrique Jiménez, rechazó las versiones que apuntaban a una eventual gracia presidencial para Castillo y aseguró que en su cartera «no existe ningún trámite ni ninguna solicitud» sobre el caso. El titular de Justicia sostuvo que cualquier proceso de esa naturaleza tendría que ser revisado de acuerdo con las normas y no podría resolverse en cuestión de días.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también emitió un comunicado en el que calificó como «falsa y tendenciosa» la información difundida en redes sociales sobre una supuesta concesión de indulto al expresidente. La cartera negó que la actualización de la Comisión de Gracias Presidenciales responda a una maniobra para beneficiar a Castillo.

La polémica se produjo después de que el Gobierno actualizara la composición de la Comisión de Gracias Presidenciales, órgano encargado de evaluar solicitudes de indulto, conmutación de penas y otras medidas de gracia. Aunque el Ejecutivo sostiene que se trata de un cambio administrativo, la decisión ha encendido las alarmas por el antecedente de febrero, cuando Castillo pidió formalmente ser indultado por el presidente José María Balcázar.

El asunto tiene una dimensión especialmente sensible por el contexto electoral. Perú celebrará la segunda vuelta presidencial el próximo 7 de junio, posiblemente será entre Keiko Fujimori y el candidato ultraizquierdista Roberto Sánchez, quien ha prometido indultar a Castillo si llega al poder. La izquierda busca así rehabilitar políticamente al expresidente, pese a que fue condenado por intentar quebrar el orden constitucional.

Castillo fue destituido y detenido el 7 de diciembre de 2022, después de anunciar la disolución del Congreso, la intervención del sistema judicial y la instauración de un Gobierno de excepción. La intentona fracasó por falta de respaldo institucional y militar, pero sumió al país en una nueva crisis política y abrió una etapa de convulsión que la izquierda peruana todavía intenta reinterpretar como persecución.

Además de la condena por el fallido golpe de Estado, Castillo afronta investigaciones por presunta corrupción y por su supuesto liderazgo de una organización criminal durante su paso por Palacio de Gobierno. Su figura sigue siendo el principal símbolo del castillismo, un movimiento que conserva fuerza en sectores rurales y que ahora intenta volver al poder mediante la candidatura de Sánchez.