El Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ha destinado en los últimos años varias partidas de fondos públicos a proyectos vinculados con el fortalecimiento institucional en República Dominicana, especialmente en ámbitos como la justicia, la seguridad y la protección de víctimas.

Según los datos disponibles en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y adelantados por Pablo Cambronero, estas ayudas se han canalizado mediante convocatorias de concesión directa de carácter instrumental, con importes que en algunos casos superan el medio millón de euros. Entre los proyectos financiados figuran iniciativas orientadas a mejorar la calidad del sistema judicial, reforzar la capacidad de investigación penal o desarrollar mecanismos de atención a víctimas de delitos.

Las subvenciones, que se han repetido en distintos ejercicios —como 2021, 2022, 2023 y 2024—, se enmarcan en la política de cooperación internacional española, que prioriza el fortalecimiento institucional en países socios. En este caso, República Dominicana es considerada un país estratégico dentro de la cooperación española en Iberoamérica.

Desde el Ejecutivo se defiende que estas partidas responden a compromisos internacionales en materia de desarrollo, gobernanza y derechos humanos, y que su finalidad es contribuir a mejorar el funcionamiento del Estado de derecho en terceros países.

Sin embargo, este tipo de ayudas ha generado críticas en determinados sectores políticos y sociales, que cuestionan el destino de fondos públicos fuera de España, especialmente cuando se dirigen a estructuras estatales como cuerpos policiales o instituciones judiciales en el extranjero.

Algunas voces también reclaman mayor transparencia y detalle sobre la ejecución concreta de los proyectos financiados, así como sobre los criterios de selección y seguimiento de estas subvenciones.

Por el momento, no consta ninguna resolución judicial ni investigación oficial que acredite irregularidades en la concesión de estas ayudas. No obstante, el debate sobre la política de cooperación y el uso de recursos públicos en el exterior sigue siendo un punto de fricción en el panorama político español.