El régimen de Nicaragua ha ordenado este martes el cierre de otras 16 ONG, en su mayoría católicas y evangélicas, pero también otras vinculadas a la ayuda a personas con síndrome de down o que favorecen proyectos artísticos, con lo que ya son 20 las organizaciones anuladas este año por el Ejecutivo de Daniel Ortega.
La Gaceta Oficial ha publicado este nuevo paquete de ilegalizaciones, derivadas de órdenes del Ministerio del Interior y que abren la puerta a la confiscación de todos los bienes. Como en anteriores ocasiones, las autoridades justifican las decisiones en cuestiones de tipo administrativo.
No obstante, la oposición política y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos enmarcan estas medidas en la campaña represiva que comenzó tras las protestas antigubernamentales de 2018 y que ha alcanzado también a medios independientes, activistas o líderes religiosos.
La tiranía de Nicaragua anunció el domingo la expulsión del país de casi una veintena de religiosos católicos, entre ellos el obispo Rolando Álvarez, convertido en símbolo de la disidencia. En el último año, las autoridades del país centroamericano han desterrado a más de 300 opositores, despojándoles incluso de la nacionalidad.
