El Gobierno de Ecuador ha denunciado este lunes que un convoy con ayuda humanitaria ha sido atacado con violencia por manifestantes en Cotacachi, en la provincia de Imbabura, con la particularidad de que el convoy estaba encabezado por el presidente, Daniel Noboa, y varios de sus ministros en medio de las protestas del paro nacional indefinido convocado por las organizaciones indígenas, que cumple este lunes su octavo día.

«El ataque se dio de una manera inesperada y los militares lo que hacen es repeler el ataque», ha explicado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo.

El convoy, formado por unos 100 vehículos militares y civiles, fue emboscado por unas 350 violentos izquierdistas e indigenistas que lanzaron cócteles molotov contra los vehículos. El convoy estaba escoltado por unos 50 militares, 17 de los cuales están ahora secuestrados por los asaltantes.

Jaramillo ha destacado que además de Noboa viajaban en el convoy los ministros de Defensa, John Reimberg, y de Gobierno, Giancarlo Loffredo, así como representantes internacionales como el nuncio apostólico, Andrés Carrascosa; la embajadora de la Unión Europea, Jekaterina Dorodnova; la coordinadora residente de la ONU, Laura Melo, y el embajador de Italia, Giovanni Davoli. «El objetivo del presidente es velar y proteger la vida de todos los ecuatorianos, pero hay grupos infiltrados que buscan el enfrentamiento y no representan a la ciudadanía», ha recalcado.

Esta agresión demuestra que no se trata de manifestaciones pacíficas, sino de delitos cometidos por grupos violentos e infiltrados. «Hemos dado en evidencia una vez más que no se trata de manifestaciones pacíficas, sino de actos terroristas. La seguridad y la vida de los ecuatorianos es la prioridad. Rechazamos los ataques violentos, la retención de servidores públicos y la destrucción de bienes públicos y privados. Esto ya no es protesta, son delitos», ha añadido.

En cuanto al paro, Jaramillo ha subrayado que el Gobierno no dialogará con los convocantes de la protesta, que protestan por la eliminación del subsidio al diésel. «No vamos a negociar y no vamos a retroceder porque esto significaría dejar de entregar beneficios directamente a quienes más lo necesitan», ha argüido.