Nuevo golpe de Javier Milei contra la inmigración masiva. El presidente argentino ha reforzado su política migratoria al considerar que la inmigración ilegal constituye una cuestión de seguridad nacional. En los últimos dos años, el Gobierno ha impulsado una profunda reforma del sistema de extranjería para endurecer los requisitos de entrada y permanencia en el país, agilizar las expulsiones de delincuentes extranjeros y reforzar el control de las fronteras.

Las modificaciones se han llevado a cabo mediante una serie de decretos que reforman la legislación sobre migración, asilo y ciudadanía. Entre las principales novedades figura la obligación de acreditar determinados ingresos económicos y disponer de un seguro médico para acceder al país en algunos supuestos, así como un procedimiento más rápido para deportar a extranjeros con antecedentes penales. Además, el Ejecutivo ha endurecido las condiciones para obtener protección internacional, ha eliminado la asistencia sanitaria gratuita para quienes no tengan residencia permanente y ha abierto la puerta a que las universidades públicas cobren matrícula a los estudiantes extranjeros no residentes.

El Gobierno también ha reorganizado por completo la estructura encargada del control migratorio. La antigua Dirección Nacional de Migraciones ha sido sustituida por una Agencia Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio de Seguridad, con el objetivo de coordinar la actuación de la Policía Federal, la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. A ello se suman la creación de un Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza y de nuevas Unidades de Seguridad Migratoria, concebidas para reforzar la vigilancia de las fronteras y localizar a personas en situación ilegal.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ha defendido públicamente este endurecimiento de la política migratoria. Según explicó recientemente, en los últimos seis meses las autoridades han expulsado a 14.000 personas con antecedentes penales, alertas rojas de Interpol, órdenes de extradición o impedimentos legales para permanecer en el país. El Ejecutivo sostiene que estas medidas buscan garantizar que quienes entren en Argentina respeten la legislación y no supongan un riesgo para la seguridad.