La presidente de Perú, Keiko Fujimori, dio el primer paso para reformar el sistema penitenciario al desplegar efectivos de las Fuerzas Armadas en el perímetro exterior de tres de las cinco cárceles declaradas en emergencia en el país andino. La medida comenzó el domingo y se ha mantenido durante el lunes, con miras a reforzar la seguridad alrededor de los penales y sentar las bases de un plan más amplio contra el hacinamiento y el crimen organizado que opera desde dentro de las prisione peruanas.

Las prisiones de alta seguridad que han sido objeto del decreto son Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro y Ancón I (Lima) y Trujillo Varones (La Libertad). La acción autoriza a la Policía, con apoyo militar, a ejecutar operativos permanentes en un radio de hasta 200 metros alrededor de los límites de los centros penitenciarios durante 60 días.

En ese perímetro, ha detallado EFE, se suspenden temporalmente derechos constitucionales como la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal, mientras las fuerzas del Estado asumen el control estricto de accesos y labores de inteligencia para prevenir fugas.

La acción forma parte de un paquete de reformas que el Ejecutivo ha solicitado al Parlamento mediante facultades legislativas por 120 días, que incluye cambios en materia penal, procesal, ejecución penal, policial, seguridad ciudadana, orden interno, penitenciaria y migratoria. Entre las propuestas destacan la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en apoyo operativo a los establecimientos de reclusión, la construcción de nuevas cárceles —incluso con miras a un modelo similar al de El Salvador— y la reubicación de presos de baja peligrosidad en cuarteles en desuso, tal y como ha reseñado el medio Infobae.

El sistema penitenciario peruano alberga actualmente a unos 100.000 presos en 69 cárceles con una capacidad conjunta de alrededor de 40.000 reclusos, lo que evidencia una alta tasa de hacinamiento.