La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado este jueves medidas cautelares a favor del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, y su número dos, Karin Herrera, tras denunciar la existencia de planes para atentar contra sus vidas.
«El binomio presidencial del Movimiento Semilla (…) serían objeto de estigmatización, hostigamientos, acoso, exposición pública de su información personal por medio de plataformas virtuales, así como amenazas que incluyen la existencia de dos planes para atentar contra sus vidas e integridad, uno incluso notificado por fiscales», reza un comunicado el órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La CIDH, que ha considerado que ambos «se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Guatemala», ha solicitado al Estado guatemalteco a que adopte «las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la integridad personal», concierte dichas medidas e «informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos alegados» y evitar su repetición.
Además, ha señalado que las autoridades del país han proporcionado un «amplio esquema de protección», que ha sido reforzado, pero que estas no han informado sobre acciones adoptadas después de que se notificaran los planes para atentar contra la vida de Arévalo y Herrera.
Por su parte, la Fiscalía de Guatemala ha confirmado la noticia y ha anunciado que ha puesto en marcha las medidas oportunas para garantizar la seguridad del presidente electo.
A su vez, el Gobierno ha anunciado que, por «instrucciones inmediatas» del todavía presidente Alejandro Giammmattei, se ha puesto en contacto con Arévalo y Herrera para establecer con ellos un protocolo de seguridad, además de reforzar el dispositivo y el número de efectivos con el que ya cuentan, «conforme a las necesidades que sean detectadas y de acuerdo con las recomendaciones de la CIDH».
No obstante, el Gobierno de Guatemala ha cerrado el comunicado pidiendo «prudencia» a la CIDH y que siempre se pronuncie de manera «objetiva», debido a las «consecuencias» que pueden derivar de posibles declaraciones «infundadas».
El Movimiento Semilla ha estado en los últimos meses en el punto de mira del Ministerio Público del país, que ha tratado de suspender la personalidad jurídica de la formación política, que obtuvo cerca del 60 por ciento de los votos en la segunda vuelta de las elecciones.
