La Justicia boliviana ha declarado en rebeldía al expresidente Evo Morales después de que no se presentara este lunes ante el Tribunal Departamental de Tarija, donde debía comparecer en el juicio oral abierto en su contra por un presunto delito de trata de personas vinculado a una relación con una adolescente durante su etapa en el poder.

La defensa del exmandatario ya había anticipado que Morales no acudiría a la audiencia y que asumiría las consecuencias legales de su decisión. Sus abogados sostienen que el proceso responde a una persecución política y han anunciado que recurrirán a instancias internacionales.

La acusación sostiene que Morales mantuvo en 2015 una relación con una joven que entonces tenía 16 años y con quien habría tenido una hija mientras ejercía como presidente de Bolivia. El dirigente cocalero gobernó el país entre 2006 y 2019, año en el que abandonó el poder después de unas elecciones cuestionadas y de la presión de la oposición, movilizaciones sociales y sectores de las Fuerzas Armadas.

Pese a que la defensa había informado previamente de su ausencia, las autoridades desplegaron un fuerte dispositivo policial en los alrededores del tribunal de Tarija. En el mismo proceso también está siendo juzgada Idelsa Pozo Saavedra, madre de la presunta víctima.

Morales se mantiene recluido en la región cocalera del Chapare, en el Trópico de Cochabamba, donde conserva una fuerte base de apoyo político y sindical. Desde allí ha desafiado reiteradamente a las autoridades judiciales y ha evitado acudir a las citaciones, alegando que el caso fue fabricado durante el Gobierno de su antiguo aliado y luego rival, Luis Arce.

La protección de sus seguidores ha impedido hasta ahora una operación efectiva para detenerlo. Las autoridades bolivianas temen que un intento de arresto en el Chapare pueda provocar enfrentamientos graves con las bases cocaleras leales al expresidente.

El nuevo Gobierno de Rodrigo Paz ha señalado su intención de hacer cumplir las órdenes judiciales y detener a Morales, aunque por el momento no se han producido avances concretos. La declaración de rebeldía aumenta ahora la presión sobre el exmandatario y abre una nueva fase en uno de los procesos más sensibles de la política boliviana.