La Justicia Federal de Brasil ha ordenado este miércoles bloquear el patrimonio de 52 personas y siete empresas por estar supuestamente involucradas en el financiamiento del asalto del 8 de enero a la sede de los poderes del Estado.
Así, la Justicia brasileña ha dado ‘luz verde’ a esta decisión, solicitada por la Procuraduría General de la República y que tiene como fin último sufragar las reparaciones de los daños causados por los asaltantes, según recoge ‘O Globo’.
Entre los sancionados se encuentra Ademir Luis Graeff, empresario de Paraná -estado donde Bolsonaro contaba con un gran apoyo- ,y a quien se le ha bloqueado un coche de lujo para, con él, pagar los gastos ocasionados por los desperfectos en el Congreso, el Palacio del Planalto y el Tribunal Supremo.
Por otro lado, a un empresario de Santa Catarina también se le han bloqueado hasta cinco vehículos, mientras que a Gran Brasil Viagens e Turismo, una empresa dedicada al sector turístico de Minas Gerais, se la han bloqueado hasta siete autobuses.
Los acusados de financiar la invasión de las sedes de los tres poderes del Estado tendrán ahora la posibilidad de defenderse durante un proceso judicial tras el que, si finalmente salen inocentes, podrán recuperar su patrimonio.
