El presidente de Argentina, Javier Milei, ha asegurado que su Gobierno expulsó del país a 30.000 personas a las que calificó de «terroristas» entre 2025 y lo que va de 2026, y afirmó que se trataba de extranjeros que habían ingresado con la intención de «dinamitar el modelo argentino». Milei realizó la afirmación durante una entrevista concedida este domingo al periodista Luis Majul en el programa La Cornisa, emitido por LN+.
«Los 10.000 terroristas que echamos el año pasado. ¿Sabés cuántos llevamos echados este año? (…) El año pasado, 10.000; este año ya llevamos 20.000», sostuvo el mandatario. Preguntado por quiénes eran esas personas, Milei respondió que se trataba de individuos que «se infiltran de otros países» y que pretenden desestabilizar políticamente y económicamente a Argentina.
El presidente vinculó además esas supuestas operaciones con movimientos financieros contra el país y llegó a mencionar una «corrida» por unos 70.000 millones de dólares.
Las cifras oficiales no hablan de 30.000 terroristas
La afirmación ha generado preguntas porque los datos publicados hasta ahora por el propio Ejecutivo utilizan categorías distintas. El Ministerio de Seguridad Nacional anunció el pasado 18 de septiembre que desde febrero de 2026 más de 20.000 extranjeros habían sido expulsados, rechazados en frontera o inadmitidos por las autoridades migratorias.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, explicó entonces que los controles afectan, entre otros, a extranjeros con antecedentes, documentación irregular o que no cumplen los requisitos legales para entrar o permanecer en Argentina.
«El que tiene antecedentes, documentación irregular o no cumple con los requisitos para entrar, no entra. Y el extranjero que delinque y tiene una orden de expulsión, se va», señaló.
El comunicado oficial no identificaba a esas más de 20.000 personas como terroristas y agrupaba además tres situaciones jurídicamente diferentes: expulsiones de personas que ya se encontraban dentro del país, rechazos en frontera e inadmisiones.
Milei endureció considerablemente la política migratoria
El Gobierno argentino ha aprobado durante los últimos dos años varias reformas destinadas a facilitar la expulsión y limitar el ingreso de extranjeros. En mayo de 2025, Milei modificó por decreto la Ley de Migraciones para ampliar las causas de inadmisión y expulsión, endurecer los controles fronterizos y restringir las posibilidades de permanencia de personas en situación irregular.
La norma permite, entre otros supuestos, rechazar inmediatamente en frontera a extranjeros con documentación irregular o cuando las autoridades tengan sospechas fundadas de que el verdadero motivo de entrada difiere del declarado.
El Ejecutivo justificó entonces la reforma argumentando que, durante las dos décadas anteriores, 1,67 millones de personas habían pasado por procedimientos vinculados con irregularidades migratorias, expulsiones o intimaciones de abandono y que cientos de miles podrían haber permanecido posteriormente en el país.
En julio de 2026, Milei volvió a ampliar las causas de expulsión para incluir determinados supuestos de incitación a la violencia, mensajes de odio contra argentinos y ultraje de símbolos nacionales, aunque el decreto excluye expresamente las opiniones políticas legítimas y el disenso ideológico.
Expulsiones de delincuentes con antecedentes
Durante este periodo las autoridades argentinas han dado publicidad a numerosas expulsiones individuales de extranjeros condenados o reclamados por otros países. Entre ellas figuran delincuentes condenados por robos armados, organizaciones criminales y contrabando, así como personas requeridas internacionalmente.
El Gobierno presenta estas actuaciones como parte de una estrategia destinada a endurecer el control migratorio y priorizar la seguridad interior.
La controversia abierta ahora se centra, sin embargo, en algo distinto: si las 30.000 personas citadas por Milei pueden efectivamente ser calificadas como terroristas o si el presidente utilizó ese término de manera política para referirse a un conjunto mucho más amplio de extranjeros expulsados, rechazados o inadmitidos.
Hasta que el Ejecutivo publique el desglose solicitado por Ferraro, no existe información oficial disponible que permita confirmar esa caracterización.