En las próximas horas, el Perú abrirá sus urnas. No habrá grandes celebraciones ni clima de fiesta democrática. Lo que se respira es otra cosa: cansancio, desconfianza y una sensación extendida de que el país vota más por necesidad y obligación que por convicción.

La campaña ha transcurrido sin épica, pero con una tensión de fondo evidente. Recorridos apresurados por provincias, mensajes directos, promesas de orden frente al caos. En ese paisaje fragmentado, donde más de una decena de candidaturas compiten por un electorado disperso, una figura ha logrado capitalizar con mayor nitidez el malestar acumulado: Rafael López Aliaga.

Empresario convertido en político, López Aliaga ha construido su candidatura sobre una idea simple pero potente: el Perú necesita autoridad. Su discurso, frontal contra la izquierda y contra lo que denomina la decadencia institucional, ha encontrado eco en amplios sectores urbanos golpeados por la inseguridad y el deterioro del Estado. Su trayectoria ,marcada por el éxito empresarial, la disciplina personal y una fuerte impronta religiosa, refuerza esa imagen de gestor capaz de imponer orden donde otros han fracasado .

Desde la alcaldía de Lima, ha intentado consolidar ese perfil ejecutivo, combinando proyectos de infraestructura con programas sociales y una narrativa constante de recuperación de la autoridad pública. En un sistema político desgastado, su figura aparece para muchos votantes como una alternativa clara, sin ambigüedades ideológicas.

Frente a él, aunque desde una posición distinta, se mantiene como actor central Keiko Fujimori. La heredera del gobierno de su padre Alberto Fujimori (1990-2000) vuelve a disputar el poder con una base electoral fiel, especialmente en sectores que aún asocian su apellido con estabilidad y control del orden público. Sin embargo, su figura sigue arrastrando un fuerte rechazo en amplios segmentos de la sociedad, lo que limita su capacidad de expansión más allá de su núcleo duro.

Entre ambos se dibuja una de las tensiones centrales de esta elección: la pugna dentro de la propia derecha por liderar el espacio que busca contener el avance de la izquierda. Pero esa disputa solo puede entenderse a la luz de un proceso más profundo.

Porque el Perú que hoy vota es el resultado de una década de descomposición política. Desde la caída de Pedro Pablo Kuczynski en 2018, el país ha encadenado crisis tras crisis. La presidencia de Martín Vizcarra terminó en destitución, seguida por el efímero paso de Manuel Merino y una etapa de inestabilidad que alcanzó su punto crítico con la llegada al poder de Pedro Castillo.

El experimento de Castillo, sostenido por una izquierda radical y sectores antisistema, culminó en un intento de autogolpe que precipitó su caída. Pero su paso por el poder dejó una huella profunda: debilitó aún más las instituciones, erosionó la figura presidencial y consolidó la percepción de que el Estado peruano carece de mecanismos sólidos para garantizar estabilidad.

Desde entonces, el país vive en una especie de provisionalidad permanente. Gobiernos débiles, enfrentados a un Congreso fragmentado y a una ciudadanía que observa con creciente escepticismo a toda la clase política.

En el plano económico, Perú conserva ciertos fundamentos que le han permitido evitar crisis más profundas que las de sus vecinos. Sin embargo, el crecimiento se ha desacelerado, la informalidad sigue siendo dominante y la inseguridad ha escalado como una de las principales preocupaciones sociales, especialmente en las grandes ciudades.

Pero el problema va más allá de los indicadores. El Perú arrastra una fractura estructural entre el Estado y la sociedad, entre Lima y las regiones, entre élites políticas y ciudadanía. Esa desconexión ha alimentado el auge de discursos populistas que, como el castillismo, prometen soluciones inmediatas a problemas históricos.

Aunque debilitada tras la caída de Castillo, la izquierda no ha desaparecido. Diversas candidaturas intentan mantener viva una narrativa de confrontación con el modelo económico y las élites tradicionales, apelando a sectores que siguen sintiéndose excluidos del crecimiento.

En ese contexto, la derecha enfrenta su propio desafío: superar la fragmentación y articular una alternativa coherente que no se limite a frenar a la izquierda, sino que ofrezca una salida al ciclo de inestabilidad. La irrupción de López Aliaga apunta en esa dirección, pero el desenlace se conocerá esta noche.

El resultado de esta elección tendrá además implicaciones regionales. En una Iberoamérica donde gobiernos como los de Claudia Sheinbaum o Luiz Inácio Lula da Silva han consolidado una nueva ola de izquierda, el rumbo de Perú adquiere una dimensión estratégica. Su eventual alineamiento con esos proyectos podría alterar equilibrios clave en la región.

A pocas horas de la votación en primera vuelta, la única certeza es la incertidumbre. Todo apunta a una segunda vuelta el próximo 7 de junio entre dos modelos de país enfrentados, en un escenario donde el voto de rechazo podría volver a ser determinante.