La República Dominicana ha intensificado como nunca sus políticas migratorias. Según datos oficiales de la Dirección General de Migración (DGM), en lo que va de 2025 el país ha deportado a unos 250.000 haitianos en situación irregular, además de registrar 35.276 expulsiones en el mes de agosto.
A estas cifras se suman otros 115.000 haitianos que han abandonado el país voluntariamente durante el año, lo que refleja el enorme impacto de las medidas impulsadas por el Gobierno dominicano frente al descontrol migratorio procedente del vecino Haití. Las autoridades insisten en que se trata de proteger la seguridad nacional, preservar la estabilidad social y frenar un flujo migratorio insostenible.
El Ejecutivo dominicano, liderado por Luis Abinader, defiende que el país no puede absorber indefinidamente la llegada masiva de haitianos, en un contexto en que Haití atraviesa una de las peores crisis de violencia y colapso institucional de su historia. El Gobierno recalca que, sin control, la presión migratoria amenaza la convivencia y los servicios básicos de los dominicanos.
La firmeza dominicana recuerda a la política defendida por Donald Trump en Estados Unidos, quien ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal una de sus principales banderas. Abinader, por su parte, ha subrayado que su Gobierno no cederá a las presiones de ONG ni de organismos internacionales y que seguirá reforzando la vigilancia fronteriza y las deportaciones.
La frontera de más de 380 kilómetros que comparten ambos países es uno de los puntos más calientes del continente. Mientras Haití se desangra entre bandas armadas y un Estado fallido, República Dominicana ha optado por blindarse con una política migratoria cada vez más dura, que marca un precedente en la región.
