Estados Unidos ha intensificado su presión sobre el gobierno interino de Venezuela, encabezado por la presidenta Delcy Rodríguez, para que expulse a asesores oficiales y personal de seguridad vinculados a Cuba, Rusia, China e Irán. La exigencia, confirmada por funcionarios estadounidenses a New York Times, marcaría un giro de calado en las alianzas estratégicas y de seguridad del país hispanoamericano.

Washington sostiene que estos países mantienen una presencia profunda en Venezuela a través de estructuras de inteligencia, despliegues militares y redes económicas. La Casa Blanca quiere que el Ejecutivo de Rodríguez ponga fin a esas relaciones antes de autorizar la reapertura o ampliación de las exportaciones petroleras hacia Estados Unidos. La condición incluye la salida de espías y personal militar extranjero, aunque se aceptaría la permanencia de algunos diplomáticos.

Las demandas se han trasladado durante una reunión clasificada con líderes del Congreso por el secretario de Estado Marco Rubio, según las mismas fuentes. El mensaje fue claro: normalización energética a cambio de un corte efectivo con las potencias que apuntalaron al régimen anterior.

Rodríguez respondió con una declaración de soberanía. «Estamos acá gobernando junto al pueblo, el Gobierno de Venezuela rige nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierne a Venezuela», afirmó la nueva presidenta.

La ofensiva diplomática se produce tras la captura del expresidente Nicolás Maduro, quien confiaba en la protección cubana por considerarla más fiable que determinados sectores de las fuerzas armadas venezolanas. Minutos después de su arresto y traslado a un buque de guerra estadounidense, Rubio contactó directamente con Rodríguez para abrir conversaciones.

En paralelo, el presidente Donald Trump ha anunciado que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado a Estados Unidos. «Me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos», escribió en Truth Social. El crudo, añadió, «se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos».

Trump indicó además que ha pedido al secretario de Energía Chris Wright que ejecute el plan «de inmediato». El petróleo se transportará en buques de almacenamiento y llegará directamente a los muelles estadounidenses. Wright se limitó a señalar en la red social X que Trump «tiene toda su atención en este asunto».

Analistas citados por medios estadounidenses advierten de la urgencia financiera de Caracas, con apenas semanas antes de una posible insolvencia si no logra vender sus reservas. El volumen anunciado equivale a entre 30 y 50 días de producción venezolana, una cifra modesta frente a los 13,8 millones de barriles diarios que produce Estados Unidos, pero con un impacto político significativo.

La exigencia de Washington no se limita al ámbito de la inteligencia. Incluye también el corte de lazos económicos y comerciales que, según funcionarios estadounidenses, sostuvieron al antiguo régimen y reforzaron la influencia exterior en sectores clave como la energía y la defensa. El mensaje es inequívoco: acceso al mercado estadounidense a cambio de un realineamiento estratégico que rompa con las tutelas de La Habana, Moscú, Pekín y Teherán.