La jueza del Noveno de Distrito federal mexicano con sede en Guanajuato, Karla María Macías Lovera, ha suspendido indefinidamente la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional al Ministerio de Defensa y ha ordenado devolver el control del organismo policial al Ministerio de Seguridad y Protección Ciudadana.
La medida supone un serio revés para el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), impulsor de la creación de la Guardia Nacional y recientemente de su militarización como medio para reforzar la lucha contra la criminalidad.
La decisión se basa en un recurso de Ángel Castro Gómez, representante de la organización de defensa de Derechos Humanos Uniendo Caminos México, informa el diario mexicano ‘Milenio’.
Castro alegó que el decreto presidencial potencia el peligro para el libre ejercicio de actividades dirigidas a proteger los Derechos Humanos, ya que la militarización de la Guardia Nacional genera un efecto inhibidor y amedrentador de libertades sociales como la libre manifestación de ideas, expresión y reunión.
El recurso subraya que la seguridad pública no es de carácter militar, sino que es una función del Estado de naturaleza civil a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, de conformidad con el Artículo 21 de la Constitución.
En ese sentido, la jueza ha recordado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que los Estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de la criminalidad común o violencia interna, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar un objetivo legítimo y no a la protección y control de civiles.
