Un informe conjunto de la Americas Society y Council of the Americas (AS/COAS) sitúa a la Venezuela gobernada por el chavismo en la cola de un listado que sirve de ranking a las políticas anticorrupción de 15 naciones de la región.
La edición de 2023 del llamado Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) deja en claro el franco retroceso experimentado en muchos países de América, en tanto la materia se ha convertido en «un tema que ha pasado a segundo plano (…) Todavía es relevante, entre el público sigue siendo una prioridad, pero no recibe la misma atención por lo general que recibía hace dos o tres años«, de acuerdo a uno de los autores del informe, el vicepresidente de Políticas de AS/COAS, Brian Winter.
A la cabeza del listado emerge el Uruguay gobernado por el centro-derechista Luis Lacalle Pou, cuya administración además generalmente sale bien parada en lo que respecta a indicadores de calidad democrática e institucional, de acuerdo a análisis hechos por otros centros de pensamiento del mundo. Luego del país sudamericano también se asoma el buen desempeño en materia de lucha anticorrupción que registra Costa Rica.
La organización que condujo el estudio enfatiza el hecho de que más que construir un índice de tendencia a la corrupción por países, se han dedicado fundamentalmente a estudiar a fondo cómo esas naciones crean mecanismos para combatir las prácticas corruptas. En ese sentido, la investigación aborda materias tales como las garantías que ofrecen los gobiernos para que se ejerza la prensa libre y para que la sociedad civil pueda escrutar el desempeño de sus funcionarios públicos.
Así, una Venezuela sumergida en autoritarismo y políticas socialistas se ha convertido en un auténtico paraíso para el florecimiento de prácticas corruptas.
De acuerdo a AS/COAS el país caribeño se mantiene en el último puesto del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, en medio de una deriva la que se ha perseguido, encarcelado y exiliado a la disidencia, se han cerrado medios de comunicación y se ha dejado la vía libre al desarrollo de diversos casos que involucran a funcionarios públicos de todo nivel en escándalos de corrupción.
Recientemente el propio chavismo echó a andar una purga interna argumentando la existencia de una gigantesca trama en la que se produjo un desfalco de al menos 3.000 millones de dólares dentro de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), siendo detenidas más de 60 personas por estar presuntamente involucradas dentro de la misma.
La creación de redes clientelares y de mafias alrededor del control de la repartición de beneficios que provee el Estado -bien sea cajas de comida, gasolina subsidiada o incluso dólares preferenciales- se ha convertido en el modus operandi predilecto del régimen venezolano para asegurar lealtades tanto en el mundo civil como en el militar, consiguiendo con ello solidificar una estructura criminal que ha facilitado su permanencia en el poder.
Pero la Americas Society y Council of the Americas no pone sobre la mesa ninguna novedad. En enero pasado la ONG Transparencia Internacional ratificó la densidad del problema de la corrupción en Venezuela, señalando que, por noveno año consecutivo, el país es percibido como el más corrupto de toda América hispana.
De esta manera, la organización afirma que la nación sudamericana es un claro ejemplo de lo que en los estándares internacionales se conoce como un caso de «Gran corrupción», básicamente en función de la magnitud de las cantidades de dinero comprometidas y de las ramificaciones que estas tramas han generado en terceros países.
La iniciativa periodística ChavismoInc dejó entrever en su momento que el dinero producto de la corrupción venezolana -encabezada en principio por Hugo Chávez y continuada a posteriori con Nicolás Maduro- ha dejado la apertura de investigaciones judiciales en por lo menos 21 países, donde en la mayoría de los casos el asunto remite a la existencia de esquemas de blanqueo de activos.
