El Gobierno soberanista japonés planea recompensar con hasta 10.000 yenes (unos 60 euros) a quienes denuncien a empresas que empleen a trabajadores extranjeros en situación irregular, dentro de una nueva estrategia para reforzar el control del mercado laboral.
La iniciativa se aplicará en la prefectura de Ibaraki, situada al noreste de Tokio, y entrará en vigor durante el año fiscal 2026. El sistema permitirá que los ciudadanos aporten información sobre posibles contrataciones ilegales, que será posteriormente verificada por las autoridades.
En caso de confirmarse los hechos, el gobierno local trasladará el caso a la policía. Si la denuncia deriva en una detención, la persona que haya facilitado los datos recibirá una compensación económica como incentivo.
La medida surge después de que la región haya registrado durante cuatro años consecutivos el mayor número de trabajadores extranjeros sin autorización entre las 47 prefecturas del país. Ante esta situación, las autoridades consideran necesario reforzar los mecanismos de detección y actuación.
El gobernador de Ibaraki, Kazuhiko Oigawa, ha defendido la iniciativa subrayando que combatir las irregularidades laborales forma parte de las obligaciones básicas de la administración. Según explicó, el objetivo es garantizar el cumplimiento de la ley y ordenar el mercado de trabajo.
El dirigente también insistió en que la medida busca evitar la contratación ilegal y fomentar un entorno en el que las normas se respeten, lo que, a su juicio, facilitaría una integración más adecuada de los trabajadores extranjeros dentro de la sociedad.
Además, Oigawa ha señalado que continuará explicando el funcionamiento y la finalidad del sistema para asegurar que la ciudadanía entienda su propósito y su aplicación práctica.
