El primer ministro británico, Boris Johnson, hará un nuevo intento por convocar elecciones generales anticipadas el 12 de diciembre a través de la tramitación de una «breve ley» que presentará este martes al Parlamento.
El líder conservador no consiguió anoche adelantar los comicios al no obtener el apoyo de dos tercios de la Cámara de los Comunes (baja), como exige la actual legislación en materia electoral.
El jefe del Gobierno necesitaba anoche el respaldo de al menos 434 votos, pero solo obtuvo 299, al abstenerse el Partido Laborista de Jeremy Corbyn, primero de la oposición británica.
Ante esta imposibilidad, Johnson presentará un proyecto de ley en el que propondrá la celebración de comicios el 12 de diciembre, para lo que solo necesitará el apoyo de una mayoría simple.
Se espera que el proyecto de ley que presentará Johnson sea debatido por los diputados a partir del mediodía de hoy, tras lo cual habrá una votación, aunque el Gobierno confía en que la legislación supere esta semana todos los trámites parlamentarios.
El Gobierno espera que el Partido Liberal Demócrata y el Nacionalista Escocés (SNP) acepten la fecha del 12 de diciembre, después de haber propuesto el pasado fin de semana que los comicios tuvieran lugar tres días antes -el lunes 9 de diciembre-.
El «premier» aceptó anoche oficialmente la prórroga del «brexit» hasta el 31 de enero de 2020 que le ofreció la Unión Europea (UE).
La semana pasada, Johnson decidió dejar en suspenso el proyecto de ley del «brexit», que incluye el acuerdo negociado con Bruselas, después de que los diputados rechazasen en una votación tramitar ese texto legislativo por la vía de urgencia -de apenas tres días- a fin de que el Reino Unido pudiera salir de la UE el 31 de octubre.
El primer ministro confiaba en poder salir de la UE este 31 de octubre y había llegado a decir que prefería estar «muerto en una zanja» antes que pedir a la UE retrasar el «brexit».
Sin embargo, Johnson se vio obligado a solicitar el retraso el pasado día 19 en una carta a la UE que no firmó, en virtud de la llamada Ley Ben, tramitada el pasado septiembre por los diputados y que exigía pedir la prórroga si el Gobierno no tenía aprobada para esa fecha el acuerdo sobre el «divorcio» del club europeo.
