
El gobierno de Kenia ha declarado formalmente a la Hermandad Musulmana y a Hizb-ur-Tahrir como organizaciones terroristas, situándolas en la misma categoría que Al-Shabaab y otras redes extremistas ya prohibidas en el país. La decisión marca un endurecimiento notable en la política de seguridad nacional frente a movimientos islamistas considerados semilleros de radicalización.
La medida fue oficializada el 19 de septiembre de 2025 mediante el Aviso Legal Nº 157, firmado por el secretario del Interior y de Administración Nacional, Kipchumba Murkomen, y publicado en una edición especial de la Gaceta de Kenia. Amparado en la Sección 3(3) de la Ley de Prevención del Terrorismo, el documento —denominado Orden de Prevención del Terrorismo (Declaración de Entidades Específicas)— criminaliza toda actividad vinculada a estas agrupaciones dentro del territorio keniano.
Con la nueva normativa, asociarse, financiar, reclutar o difundir propaganda en nombre de la Hermandad Musulmana o de Hizb-ur-Tahrir pasa a ser un delito castigado con multas severas o incluso largas penas de cárcel. El decreto tendrá vigencia indefinida, salvo que sea revocado en el futuro por el propio ministerio o por una decisión judicial.
Expertos en seguridad subrayan la relevancia de esta declaración porque Kenia se convierte en la primera nación del África oriental en prohibir a la Hermandad Musulmana, alineándose así con países como Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin o Rusia, que ya habían catalogado a este influyente movimiento como organización terrorista.
Si bien ni la Hermandad Musulmana ni Hizb-ur-Tahrir han protagonizado hasta ahora atentados de gran escala en territorio keniano, los servicios de inteligencia los consideran una amenaza por su capacidad de adoctrinamiento ideológico, sus tácticas de captación discreta y sus conexiones con redes yihadistas internacionales.
El contexto regional explica parte de la decisión. Durante años, Kenia ha sufrido las consecuencias de la inestabilidad crónica en la vecina Somalia, donde Al-Shabaab mantiene bastiones activos. Desde allí, el grupo islamista ha orquestado numerosos ataques letales en suelo keniano, obligando al gobierno a reforzar su marco legislativo y a mostrar una postura más agresiva frente a cualquier forma de radicalismo religioso.