La ex primera ministra de Bangladesh Sheij Hasina, que gobernó el país durante quince años con un poder prácticamente absoluto, ha sido condenada este lunes a pena de muerte por crímenes contra la humanidad. El fallo llega tras la investigación de la brutal represión de las protestas de julio y agosto de 2024, en las que murieron alrededor de 1.400 personas, un episodio que desencadenó el colapso de su Gobierno y su posterior huida a la India.

El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladesh, creado en 2009 para juzgar casos de genocidio, desapariciones forzadas y violaciones de derechos humanos, ha impuesto también la pena de muerte al que fuera su ministro del Interior, Asaduzaman Jan Kamal, considerado una de las figuras clave en la coordinación de la represión. Ambos se encuentran prófugos de la Justicia.

El fallo incluye además la confiscación de todos los bienes de Hasina y de Kamal. Según informa The Daily Star, la Fiscalía pidió que estas propiedades sean empleadas para reparar a las víctimas y a las familias afectadas por la violencia estatal. El tribunal aceptó la solicitud.

Otro de los altos cargos implicados, el ex inspector general de Policía Choudri Abdulá al Mamun, recibió una condena de cinco años de prisión después de colaborar con el proceso judicial. Mamun habría aportado información relevante sobre las órdenes transmitidas a las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones masivas contra el sistema de cuotas que reservaba más de la mitad de los puestos públicos para familiares de veteranos de guerra.

Hasina enfrenta además otros tres procesos ante la misma corte: dos por desaparición forzada y un tercero por la represión de unas protestas en 2013. Su caída en 2024 se produjo después de semanas de disturbios, denuncias internacionales y fracturas dentro del propio aparato estatal bangladeshí, que terminó retirándole el apoyo mientras la violencia crecía en las calles.

La ex primera ministra ya había sido condenada en julio a seis meses de cárcel por desacato, tras negarse a cooperar con las investigaciones por crímenes contra la humanidad que finalmente han desembocado en su sentencia de muerte. Con la cúpula de su Gobierno fugitiva y la Justicia avanzando en múltiples causas, Hasina se ha convertido en el caso más extremo de deriva autoritaria y caída política en el sur de Asia en la última década.