Mientras la sociedad estadounidense padecía un ataque mortal contra miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C. a manos de un refugiado afgano; Naciones Unidas publicaba en su cuenta de X que solicitar asilo es un «derecho humano»: «Solicitar asilo es un derecho humano fundamental para quienes huyen de la violencia, la persecución, la guerra o los desastres. Todos tienen derecho a solicitar asilo. @Refugees trabaja en todo el mundo para apoyar a quienes se ven #ForzadosAHuir». Pareciera que la ONU estaba abriendo el paraguas respecto de una de sus áreas de trabajo más controvertidas: el sistema de asilo migratorio.
La inexplicable presencia en EEUU del atacante, Rahmanullah Lakanwal, echó más sal a las heridas abiertas en los países receptores de refugiados que han visto cómo su sistema de acogida se ha transformado en uno de sus principales problemas políticos, económicos y sociales. El pasado viernes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) suspendió todas las decisiones sobre solicitudes de asilo, siguiendo la orden del presidente Donald Trump. «USCIS ha suspendido todas las decisiones de asilo hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea inspeccionado y verificado al máximo nivel posible. La seguridad del pueblo estadounidense siempre está primero», publicó el director del organismo, Joseph B. Edlow, en X.
Días antes, un acontecimiento (¿paradójico? ¿curioso?) sacudió a Gran Bretaña. El líder laborista, Keir Starmer, propuso una durísima reforma a la política de asilo. En efecto, el hombre que llegó al poder aupado en una línea política proinmigración, que gastó millones y millones de libras de la agotada economía británica en alojar en lujosos hoteles a quienes llegaban como «refugiados» al país y que llegó a meter presos a sus ciudadanos simplemente por quejarse de estas políticas en redes sociales; ahora, girando en U decide volverse un político antiinmigración.
La presentación de este plan le ha valido encendidas críticas por parte de miembros de su partido, sorprendiendo además al resto del arco político nacional e internacional. Quien hubiera escuchado hablar a Starmer pocos meses antes de asumir las riendas del país, jamás habría imaginado que el laborista podría dar semejante vuelco. Pero lo cierto es que la reforma llega (tarde, se podría decir) cuando la mayoría de los países vecinos ya se había puesto a hacer los deberes en torno a la cuestión inmigratoria.
Starmer pretende, con una nueva política restrictiva para las personas que solicitan asilo, controlar el debate sobre la inmigración que amenaza su gobierno. Pero su proyecto ha provocado acusaciones de «crueldad performativa», y esto es sólo el principio de las críticas que enfrentará. El líder británico está entre la espada y la pared, y podría encontrarse en la situación de enemistarse con sus partidarios sin ganarse el favor de la derecha. Sus últimos movimientos se explican por el crecimiento de Reform UK, la agrupación de Nigel Farage que lleva advirtiendo sobre el desborde de la cuestión inmigratoria desde hace años y que ha acumulado una ventaja en las encuestas por sobre los laboristas y los conservadores.
Concretamente, está proponiendo una política que negará a los refugiados la posibilidad de establecerse permanentemente en el Gran Bretaña hasta que lleven 20 años en el país (actualmente ese plazo es de cinco años) y los someterá a revisiones periódicas, después de las cuales podrán ser obligados a regresar a sus países de origen si estos dejaran de considerarse inseguros. Las personas a las que se les conceda asilo recibirán 30 meses de residencia, tras los cuales se evaluarían sus solicitudes y se enfrentarían a la deportación si ya no se las «considerara necesitadas de protección», siendo devueltas por una vía rápida. El Gobierno también dejaría de expedir visas a los países que no cooperaran en la readmisión de refugiados, tal es el caso de muchos países africanos que serían los objetivos de esa sanción. También se prevé (y es absolutamente increíble que esto no se hubiera hecho antes) que se reducirán las prestaciones sociales para que los solicitantes intenten trabajar para mantenerse.
El plan incluye confiscar objetos de valor, como joyas, a las personas que lleguen al país solicitando asilo para pagar el costo de su alojamiento y alimentación. El gobierno aclaró, para endulzar la propuesta, que no confiscaría cosas con valor sentimental, lo cual parece un parche difícil de implementar. Al presentar el plan en el Parlamento, la ministra del Interior, Shabana Mahmood, lo contextualizó aludiendo a los disturbios que han estallado en hoteles que alojan a solicitantes de asilo: «Para el público británico, el sistema parece fuera de control e injusto». Según la ministra, las políticas británicas hacia los solicitantes de asilo no se han reducido respecto a otros países europeos, resaltando que en 2024, las solicitudes de asilo aumentaron un 18%, mientras que en toda Europa, disminuyeron un 13%.
Todos estos acontecimientos exponen de manera urgente la necesidad de un debate sobre el sistema internacional de asilo tal y como se concibió en 1951. Cada vez más voces piden replantear el modelo y separar con claridad el refugio político genuino de la inmigración laboral que Europa necesita debido al envejecimiento de su población. Pero eso es justamente lo que no quiere la burocracia de la ONU.
Lo que se está poniendo en duda es una de las vacas sagradas del consenso progresista de las últimas décadas: La Convención relacionada con el Estatuto de refugiados de las Naciones Unidas que define quién debe ser considerado un refugiado y las responsabilidades de las naciones que garantizan su asilo. La convención también asegura el principio de no devolución. Aprobada en 1951 para proteger a refugiados europeos después de la Segunda Guerra Mundial, se amplió en el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, expandiendo su alcance geográfico y temporal. Actualmente son casi 150 países signatarios de ambos protocolos.
El problema de este sistema es que fue concebido por y para la posguerra europea, sobre todo como respuesta a la lamentable actuación de la mayoría de los países europeos respecto de los judíos que huían de la persecución nazi. Pero la proliferación de conflictos, sumado a la ampliación de las condiciones que determinan quién es un refugiado y su consabido uso político han tergiversado la idea original convirtiendo este Estatuto en una herramienta obsoleta y contraproducente.
Si bien la mayoría de los países son firmantes, no todos son atractivos de igual forma para un refugiado. EEUU y casi toda Europa han sido quienes más han invertido en acoger refugiados, con un nivel de flexibilidad y generosidad muy importante. Además, las administraciones fueron incorporando a los recién llegados a los vastos sistemas de servicios sociales propios de sus Estados de Bienestar. Esta yuxtaposición, la burocracia que conlleva y el uso político de todo el entramado han convertido a «la cuestión inmigratoria» en una bomba de tiempo.
Por ejemplo, quienes antiguamente ingresaban ilegalmente a un territorio, procuraban sobrevivir bajo el radar hasta que su situación paulatinamente se regularizara por algún canal. Pero ahora existe una industria destinada a hacer encajar a los inmigrantes en la «condición de refugiados», y esto permite que la manipulación del sistema se constituya en la norma.
Desde hace unos años, quienes llegan a los países de acogida respetuosos del Estatuto de la ONU, saben que llegando a la frontera y solicitando asilo, el país está obligado a comenzar el proceso de evaluación sobre la veracidad de su “persecución” en su país de origen. Este diagnóstico puede llevar décadas, la falta de transparencia y seguridad jurídica de las dictaduras lo hace per se engorroso. Sumado a que, con la ampliación del registro, si alguien es perseguido por una red narco o de trata, la certificación de esa persecución es casi imposible. A lo largo de este siglo, las solicitudes de asilo en los países desarrollados se dispararon. En 2023, se presentaron 2,7 millones de nuevas solicitudes en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una cifra superior a los casi 1,7 millones anuales registrados durante toda la crisis de refugiados sirios de 2015 y 2016.
Ya nadie pone en duda que se está haciendo un uso inadecuado (por decir lo menos) de una figura legal que está diseñada para acoger a gente que huye de una guerra o a individuos que están siendo perseguidos de forma personalizada. Los mandatarios, aún los más progresistas, ya no pueden evadir la problemática y la necesidad de afrontarla de alguna manera. Esa es la razón por la que se están replanteando el sistema, y es que se trata de una discusión que prácticamente monopoliza las noticias y los debates.
En mayo, nueve líderes de países de la UE firmaron una carta en la que se quejaban de que las convenciones internacionales sobre inmigración ya no están a la altura de los desafíos. Y tiene sentido, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) el número de inmigrantes se ha multiplicado en una década, y la proporción de personas en el mundo que desearían migrar permanentemente, por cualquier motivo, ha aumentado hasta una cifra de casi 1.000 millones. No hay forma de que el mundo procese exitosamente semejante masa de personas.
Varios gobiernos han procurado implementar la idea de utilizar terceros países seguros como centros de procesamiento de solicitudes de asilo, una estrategia que representaría un cambio de incentivos radical. El modelo funciona redirigiendo a los refugiados hacia estos terceros países para tramitar allí su petición de asilo, mientras el país europeo facilita ayuda económica al país intermediario. En teoría, una vez que se complique conseguir la permanencia, muchos inmigrantes perderían el incentivo de viajar si no pueden quedarse en un país con muchos beneficios de acogida. Pero, de nuevo, la cuestión inmigratoria es un tema clave para la ortodoxia progresista, enquistada en el sistema judicial, por ejemplo. Italia puede dar cuenta de este escollo en la embestida contra su plan del tercer país.
Sin embargo, es cierto que el invierno demográfico de los países desarrollados demanda ciudadanos jóvenes para ampliar la base poblacional y en consecuencia, tributaria. Los sistemas de Bienestar están ya agotados, de manera tal que o se incorporan nuevos trabajadores o los países y sus habitantes más ancianos enfrentan un futuro inmediato muy oscuro. Pero como las polémicas sobre la cuestión migratoria se mezclan como consecuencia de haber disfrazado la inmigración económica como asilo político, es muy difícil en el debate político separar una cosa de la otra. Y más difícil aún es conseguir que el sistema político ponga las prioridades económicas de los países por encima de su sesgo ideológico.
Los ciudadanos de los países de acogida saben que se les ha estado mintiendo todos estos años y que la inmigración masiva no va a contribuir a los fondos de pensiones ni se incorporan fácilmente a la vida laboral, ni siquiera a la cívica. En muchísimos casos, los inmigrantes sacan más de lo que ponen, se convierten en una carga que rompe aún más la economía y esta defraudación debilita el apoyo a quienes en verdad necesitan refugio.
El debate interno de Starmer y sus compañeros de partido es el mismo que enfrentan todas las formaciones de centroizquierda en este momento. Sus nuevas políticas dan la razón a quienes, desde la derecha, advirtieron sobre la inviabilidad del sistema de acogida, cuando hacerlo era un tabú y una condena al ostracismo. Para colmo, al enfrentar finalmente el drama inmigratorio, deben enfrentarse además con los organismos internacionales y el hojaldre de ONG que han hecho de esta cuestión su modo de vida y donde han anclado su activismo.
Para todo este entramado, separar el asilo de la inmigración laboral significa dar por tierra con la narrativa de que huir de una dictadura es lo mismo que huir de un país que sencillamente brinda pocas oportunidades económicas. Los países ricos con poblaciones envejecidas necesitan más mano de obra y cerebros, y los refugiados necesitan protección política, pero no necesariamente estas necesidades son complementarias. Mayormente, los refugiados no son los trabajadores que más necesitan los países desarrollados.
El paradigma multicultural intentó simplificar todas estas cuestiones en una sola narrativa simplista, lo que terminó desvirtuando el sistema de asilo. A esto se suma, y aunque exceda el alcance de estas líneas, la creciente problemática del terrorismo y la violencia, producto de la importación de cantidades sin precedentes de personas provenientes de culturas que resultan irreconciliables con la occidental. Estas últimas incluyen aquellas en las que el machismo, la homofobia, la intolerancia, el antisemitismo y otras expresiones inadmisibles (como el matrimonio infantil o los crímenes de honor) son constitutivas.
Lo que está colapsando no es sólo la Convención de 1951, sino la idea de convertir absolutamente todo en un «derecho humano sagrado» para ser usado como coartada política. Esta manipulación generó un proyecto inviable, tanto a nivel económico como logístico y espacial. Hoy, el desborde obliga a una elección cruda. O se rescata la integridad del asilo o se asiste al funeral definitivo de un sistema que prometió un ideal, pero terminó entregando caos.
