El Parlamento Europeo ha puesto cifras a una tendencia que viene alarmando a gobiernos y agencias de seguridad: la represión trasnacional, es decir, la persecución de activistas, disidentes y periodistas fuera de las fronteras de los regímenes autoritarios. Según un informe aprobado este jueves, ocho países—con Rusia, China e Irán a la cabeza—son responsables del 80% de estos ataques, muchos de ellos cometidos ya en territorio europeo.

El documento contabiliza 1.200 casos en 103 países durante la última década. Bruselas define esta práctica como un conjunto de «ataques, amenazas y operaciones dirigidas por Estados y sus agentes» para silenciar voces críticas en el extranjero, desde opositores políticos hasta miembros de la diáspora que denuncian abusos internos.

Además de Moscú, Pekín y Teherán, la lista incluye a Turquía, Egipto, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Bielorrusia y Camboya. A estos regímenes se les atribuyen técnicas que van desde asesinatos selectivos y secuestros, hasta repatriaciones forzadas, acoso, desapariciones y campañas de intimidación.

El Parlamento Europeo reclama que esta realidad se incorpore explícitamente a los acuerdos políticos y comerciales de la Unión con terceros países, de modo que la represión trasnacional pueda ser monitorizada y sancionada. También insta a los Estados miembros a reforzar la detección de formas digitales de persecución, como el ciberespionaje o las campañas dirigidas de desinformación contra defensores de los Derechos Humanos.

La Eurocámara pide además un uso más firme del régimen global de sanciones en materia de Derechos Humanos, con el fin de identificar y responsabilizar directamente a los gobiernos que impulsan o financian operaciones represivas fuera de su territorio.

El informe subraya que Europa se ha convertido en uno de los principales escenarios de estas actividades, lo que exige —según los eurodiputados— una respuesta coordinada que frene la expansión de estas redes de intimidación internacional.