La maquinaria globalista de Naciones Unidas empieza a crujir. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, reconoció este jueves que su oficina se encuentra en «modo supervivencia» ante la falta de financiación, provocada en gran medida por la retirada de fondos procedentes del contribuyente estadounidense.

En un mensaje cargado de dramatismo, el alto cargo austríaco lanzó un llamamiento urgente para recaudar 400 millones de dólares con el objetivo de mantener con vida la Oficina de Derechos Humanos durante 2026. La petición llega apenas días después de que el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtiera de que la organización internacional está al borde del colapso financiero y podría quedarse sin liquidez a partir del próximo mes de julio.

La crisis tiene un origen claro: Estados Unidos, principal financiador del sistema de Naciones Unidas, ha decidido cortar o congelar aportaciones a múltiples organismos que considera un despilfarro de dinero público. La Administración de Donald Trump ha retirado fondos tanto del presupuesto ordinario como de operaciones de mantenimiento de la paz y ha abandonado varias agencias vinculadas a políticas ideológicas, demográficas y climáticas.

Según reconocen fuentes de la propia ONU, la Oficina de Derechos Humanos tenía asignado para 2025 un presupuesto de 246 millones de dólares aprobado por la Asamblea General, pero sólo recibió finalmente 191,5 millones. A ello se suman las aportaciones «voluntarias», de las que apenas se recaudó algo más de la mitad de los 500 millones solicitados.

Türk lamentó ante diplomáticos reunidos en Ginebra que los recortes estén afectando directamente a la capacidad operativa de su departamento, que ya ha perdido unos 300 empleados de una plantilla total de 2.000 y se ha visto obligada a cerrar o reducir actividades en 17 países. En su intervención, el comisario llegó a advertir de que los recortes «dan alas a los perpetradores» y debilitan el sistema internacional de derechos humanos.

Desde Washington, sin embargo, el mensaje es otro. La Casa Blanca ha dejado claro que su política responde a una exigencia de rendición de cuentas y a la negativa a seguir financiando estructuras burocráticas globales que, según la Administración Trump, actúan sin control democrático, con agendas ideológicas propias y escasa transparencia.