El régimen iraní continúa con su escalada represiva y vuelve a mostrar su rostro más despiadado. El pasado 17 de septiembre, Zahra Fotouhi, de 52 años, fue ahorcada en la prisión central de Tabriz tras haber pasado cinco años en prisión acusada de asesinar a su exmarido.
Zahra denunció haber sido víctima de violencia doméstica y acoso por parte del hombre al que mató en defensa propia. Sin embargo, el régimen islamista ignoró las circunstancias y aplicó la ley de qisas (retribución), ordenando su ejecución pública.
Con la muerte de Zahra Fotouhi, Irán alcanza ya 35 mujeres ejecutadas en lo que va de 2025, un número que rompe todos los registros de los últimos años. En 2024, Naciones Unidas había documentado al menos 31 ejecuciones femeninas en el país, la cifra más alta en más de una década. El salto registrado este año refleja la creciente ofensiva del régimen islámico contra las mujeres.
En total, las ONG denuncian que la República Islámica ha ejecutado a más de 840 personas sólo en los primeros ocho meses de 2025, lo que supone un aumento del 75% respecto al mismo periodo del año anterior. Un auténtico baño de sangre legalizado que el régimen justifica en nombre de la sharía y que pone a Irán a la cabeza de las ejecuciones a nivel mundial.
Organizaciones como Iran Human Rights y la ONU han pedido al régimen iraní que detenga esta espiral de violencia institucionalizada, recordando que muchas de las mujeres ejecutadas estaban implicadas en casos de matrimonios forzosos, violencia doméstica y abusos. Pero el régimen de Teherán hace oídos sordos y sigue utilizando la horca como un instrumento de control social y terror.
La ejecución de Zahra Fotouhi simboliza la opresión sistemática contra las mujeres que existe bajo el islam radical que gobierna Irán: víctimas convertidas en criminales, y verdugos que actúan impunes bajo la cobertura de la ley islámica.