A Feijoo se le vio un poco el plumero el lunes. Seguí con atención su comparecencia. En plenas fechas navideñas tampoco había mucho donde escoger.
Desgranó diez «fracasos» del PSOE. Habló de inmigración. El cuarto punto del orden del día. Y señaló que no descarta al partido de Abascal como socio. «Nuestro cordón sanitario no es a VOX ni a los votantes de VOX», afirmó. Aunque —lo de siempre— su «objetivo» es «gobernar en solitario», como todos. Se nota que no crecen por la derecha —más bien lo contrario— tras el congreso del partido del pasado mes de julio, que fue un canto a «la centralidad». Basta ver los resultados de Extremadura.
Al menos no cayó en la trampa que le tienden sistemáticamente desde La Moncloa. Pedro Sánchez lo repite en cada sesión de control al Gobierno. Ellos son el «Gobierno de coalición progresista», mientras que la oposición es «la derecha y la ultraderecha».
Pero VOX no cuestiona la Constitución. No puede decirse lo mismo de Bildu —con evidentes conexiones con ETA— o Esquerra y Junts, que se la pasaron por el forro. Lo de Junts es un caso curioso. Presumen de haber roto relaciones con los socialistas, pero ninguno de los altos cargos colocados en empresas y organismos públicos del Estado ha dimitido. Tenemos, entre otros, a Miquel Calçada, en el consejo de administración de RTVE; y Ramon Tremosa, en AENA. Tanto criticar la gestión de los aeropuertos para acabar sentado en su consejo de administración. O el exdirector general de los Mossos, Pere Soler, ahora en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Tiene una retahíla de tuits durante los momentos álgidos del proceso —los guardo todos— que sería suficiente para echarlo.
Con el tema de la inmigración, los del PP han caído siempre en la encerrona de Ferraz. Ellos no hablaban del asunto para no ser identificados con VOX. No querían que los metieran en el mismo saco. En esta ocasión, afirmó que la política migratoria del Gobierno «no existe» y que que falta «voluntad» para solucionar el problema.
Luego, en el turno de preguntas, un periodista le preguntó sobre el conflicto de Badalona. El desalojo de 400 personas de un edificio ocupado que se han quedado en la calle. «Los problemas sociales se resuelven con políticas sociales», respondió. «Si hay personas que, de forma ilegal, ocupan un edificio público o privado, tienen que saber que en España se respeta la ley», continuó. Pero fíjense que —ni en su intervención ni en su respuesta—, el líder del PP se atrevió a pronunciar la expresión «inmigrantes ilegales». Albiol tampoco lo hizo. Siempre dijo que no fue «una acción contra la inmigración irregular», sino contra la okupación.
Este es el quid de la cuestión. Lo que se debería haber hecho no es sólo desalojarlos, sino también expulsarlos si no tenían papeles. Esto sólo se atrevió a decirlo Ignacio Garriga en un tuit el pasado día 23. «Nunca se les habría tenido que permitir entrar de manera ilegal en España. Nunca se les habría tenido que permitir okupar ese instituto y hacer la vida imposible a los vecinos de Badalona. ¡La única reubicación que deberían buscar es en su país de origen! Basta de buenismo con los impuestos y a costa de la seguridad de los españoles». Más claro, agua.
Y, modestamente, el que firma este artículo tres días antes —me hervía la sangre por el informativo de TV3— dijo algo similar. En un vídeo que colgué en mi canal de YouTube y en las redes. «Lo que tenían que hacer con los desalojados es devolverlos a sus países de origen porque, efectivamente, dejarlos en la plaza de enfrente tampoco es la solución: o se quedarán en el mismo sitio u ocuparán otra nave”, manifesté. Perdonen el autobombo.
Ya lo dijo uno de los okupas: «Si nos dejan entrar a todos en España, después no nos pueden dejar abandonados». En el fondo, España es un Estado fallido en la materia. O mejor dicho, un Estado gruyère.