El pleno del Ayuntamiento de Martorell (Barcelona) aprobó el pasado día 18 de noviembre endurecer la ordenanza de convivencia ciudadana. Las modificaciones penalizan «actitudes intransigentes», «pintado de grafitis» e incluso «almacenamiento del agua de las fuentes». Ha aumentado sensiblemente el importe de las multas.
El artículo 5 —sobre higiene personal— prohíbe por ejemplo «hacer las necesidades fisiológicas como defecar, orinar, escupir y otros en la vía pública». Mientras que el undécimo remarca la necesidad de promover «el principio básico de convivencia y el respeto para los diferentes grupos étnicos o religiosos».
La localidad tiene, según datos oficiales, un 16,5% de inmigración: cerca de 5.000 ciudadanos de unos 30.000. Aunque siempre son más porque los sin papeles no salen en las estadísticas. Va también por barrios. La medida que ha levantado más polvareda es la de servirse de las fuentes públicas «para acumular agua empleando garrafas, botellas o cualquier otro instrumento que permita su almacenamiento». En otras palabras: el líquido elemento está para beber, no para llevársela a casa.
La prensa más progre se ha lanzado a la yugular del alcalde, Xavier Fonollosa, en teoría de Junts aunque en realidad gobierna al frente de su propio partido. En el diario Público, por ejemplo, titulaban: «Indignación por la decisión de un municipio de Barcelona de multar a quienes cojan agua de las fuentes públicas: ‘Castiga a los más vulnerables'».
No obstante, ganó las últimas municipales con mayoría absoluta: más del 60% de los votos. Récord absoluto en Cataluña. Sacó de 16 de los 21 concejales posibles. Por si fuera poco, en diciembre del 2023, incorporó a dos del PSC al equipo de gobierno. La oposición quedó desarbolada: dos de la marca blanca de los Comunes —Movem Martorell— y uno de ERC.
El alcalde hasta tuvo que defenderse en una entrevista en Rac1 la semana pasada en la que explicaba que los manantiales no son naturales sino que están conectadas a la red y que, por tanto, era el propio consistorio el que paga el suministro. «Los okupas —añadió— llenan las garrafas en las fuentes públicas». «Lo que no queremos son okupas, no nos gustan», se sinceró.
Lo cierto es que ha sido denunciado por media docena de presuntos okupas ante un juzgado por no haberlos empadronado. Puede tener problemas legales. La Ley de Bases de Régimen Local obliga a empadronar.
En el año 2010, en el Ayuntamiento de Vic decidieron que, ante cualquier inmigrante ilegal que pidiera ser empadronado, lo comunicarían a la Policía. Me parece lógico: si el Estado debe velar por el cumplimiento de la Ley de Extranjería —es un decir—, es normal que los ayuntamientos intenten hacerla cumplir: como administración pública también son Estado.
Hay que decir que, en este caso, el alcalde era de CiU: Josep Maria Vila d’Abadal. Más concretamente de Unió. Pero no había actuado de forma unilateral, sino que votaron también a favor de la medida el PSC y ERC. Se armó un cipote de mucho cuidado: las direcciones de ambos partidos obligaron a sus agrupaciones locales a rectificar. En parte también por la prensa más progresista. En este caso, El País y El Periódico.
El resultado es que Vic tiene ahora un mapa político fragmentado con hasta siete fuerzas políticas en su corporación municipal. La mayoría sólo cuenta con entre uno y tres concejales. La población extranjera, según cifras oficiales, es de casi el 30%. En 2010, cuando ocurrieron los hechos, no llegaba al 12%.
En cierta manera, el Estado ha dejado a los alcaldes a la intemperie para enfrentarse con el reto de la inmigración y de los okupas. Pese a que son los primeros en vivir la política a pie de calle. Algunos, sin embargo, están empezando a coger el toro por los cuernos. Supongo que porque la gente empieza a estar harta de tanta manga ancha. Y —a dos años de la próxima convocatoria— algunos se juegan la reelección. A fin de cuentas, el autodenominado «Gobierno progresista» mira hacia otro lado en estos temas.