Hay una distancia abismal entre la ignorancia del incompetente y el cinismo de quien nos toma por idiotas. Lo vivido con la invasión de Ceuta ha sobrepasado con creces la simple negligencia política para adentrarse en el terreno de la comedia negra institucional. Durante semanas, el relato oficial consistió en vender la milonga del imprevisto, la tragedia inevitable, la víctima sorprendida y la correspondiente pleitesía al agresor. Sin embargo, cuando la presión de los servicios de inteligencia obliga a abrir los cajones de Moncloa, la narrativa del Gobierno salta por los aires hecha añicos con la desclasificación de 40 informes y comunicaciones de la Policía Nacional, Guardia Civil, CNI y CIFAS. Documentos que prueban que el CNI sí alertó formalmente al Ejecutivo de la avalancha antes de que se produjera el asalto, a pesar de que desde la portavocía oficial negaron por activa y por pasiva la existencia de aviso alguno. Por si fuera poco, los papeles revelan que la Inteligencia española advirtió también a Marruecos, sin que absolutamente nadie a ningún lado de la valla moviera un solo efectivo para frenar la marea. Y hay quien dice que aún quedan muchos informes más, bien guardados bajo llave.
Resulta que en la España de Pedro Sánchez, si las alertas de un asalto fronterizo inminente no llegan en un sobre sellado con lacre, no computan. Si la Inteligencia policial y militar advierte hasta 18 veces de que se están organizando riadas humanas en Telegram, el Ejecutivo mira hacia otro lado. Mención aparte merece el patético papelón del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, volcado estos días en salvar su propio trasero cargándole el muerto a su jefe de gabinete. Decía el bueno de Pérez Triano que el aviso del CNI nunca llegó a sus manos y que su colaborador le quitó importancia de forma aislada. Vaya, vaya. Resulta que ahora sabemos que durante esa famosa llamada de 11 minutos entre la Inteligencia y su subordinado, el propio delegado estaba presente en la habitación escuchándolo absolutamente todo. Ni los avisos formales, ni las alertas enviadas a Rabat, ni estar oyendo en directo la amenaza sirvieron para mover un solo dedo. Prefirieron dejar la valla a su suerte antes que estropear la ficción de la concordia diplomática.
A partir de ahí, el sainete habitual. Un despliegue grotesco de excusas baratas en televisión donde ministros de gatillo fácil en X acaban balbuceando acorralados, suplicando compasión para las merecidas vacaciones del Presidente. Mientras Moncloa filtra historias de espías díscolos, teléfonos pinchados por la puerta de atrás y supuestos hackers, desclasifican informes que dejan al descubierto las vergüenzas de la seguridad nacional con tal de salvar la propia cara.
La paradoja roza el sadismo. Mientras las arcas públicas se muestran sistemáticamente ratonas para financiar los tratamientos de niños españoles devastados por enfermedades raras, para el negocio de la acogida la chequera gubernamental es infinita. La respuesta de Moncloa al desafío no es blindar España, sino ampliar los macrocentros de internamiento de 1.000 a 6.000 plazas. La orden para Ceuta es clara: resignación, sedantes para el que proteste y a tragar con la «realidad estructural», que no es otra cosa que ceder la soberanía a pedazos ante Marruecos mientras ellos celebran adjudicarse la final del Mundial en Casablanca ante nuestra mirada sumisa.
Curiosamente, donde la cascada interminable de tramas de corrupción no logró articular un frente común, la traición de Ceuta está logrando conectar a sectores de la sociedad antes aletargados. El descalabro en la frontera ha abierto los ojos a muchos que hasta ayer se tapaban los oídos: la inmigración descontrolada no es una crisis fortuita, sino la antesala de esa sustitución multicultural sobre la que algunos llevamos tiempo alertando en solitario. No falló la inteligencia ni los guardias que sostenían la frontera con lo puesto; falló un poder político entregado. Pero por mucho relato que inventen para maquillar la capitulación, la calle ha despertado, y la factura de este bochorno la cobrarán donde más les duele: en el banquillo y en las urnas.