La crisis de Ceuta ha hecho que millones de españoles descubran algo que hasta ahora, tal vez por inercia, se negaban a ver: la quiebra del Estado en España. Si un enemigo te puede perforar las fronteras para meterte dentro ochenta mil personas sin que hayan funcionado los avisos de tus servicios de información, sin que la policía o el ejército hayan podido custodiar la frontera, sin que tu Gobierno haya reaccionado en defensa del interés de los ciudadanos y, al revés, se haya puesto a trabajar en favor de los invasores, y sin que tus aliados internacionales hayan levantado una ceja, entonces es que tu Estado, sencillamente, ha dejado de funcionar. Cuando una cosa así ocurre, la reacción instintiva es culpar al Gobierno, que, efectivamente, en este caso ha contraído una responsabilidad que roza la traición. Pero para entenderlo mejor todo, conviene ampliar un poco el foco. Porque aquí el problema no se limita a un Gobierno felón sometido al enemigo por pactos inconfesables.
Un Gobierno, al fin y al cabo, sólo es un Gobierno y, en teoría, el Estado tiene instrumentos legítimos capaces de enmendar la situación. Es decir que un «caso Pegasus» podría hundir a un Gobierno, pero no tendría por qué derribar todo el edificio. Aquí, sin embargo, ha fallado todo: las fuerzas policiales, capadas por una cúpula corrupta; las fuerzas armadas, maniatadas por una dirección política entregada a intereses transnacionales; la jefatura del Estado, reducida a un mero ornamento decorativo (eso sí, muy alto); el Parlamento, sometido de manera extravagante a una coalición de partidos minoritarios que han hecho de la desaparición de España su objetivo programático manifiesto. Sólo en los tribunales parece haber cierta resistencia, pero ésta disminuye a medida que se asciende hacia la cumbre de la pirámide. Si miramos hacia los poderes informales, la situación no es mejor: una élite económica del todo entrelazada con la élite política y con frecuencia globalizada, una élite mediática masivamente convertida al discurso desnacionalizador, una Iglesia que cree hallar su salvación en la atención al extranjero antes que en la evangelización del prójimo… En líneas generales, el paisaje que la crisis de Ceuta nos deja es el de un Estado –todo él– incapaz de reaccionar ante una agresión exterior. La pregunta es por qué. Y la respuesta, seguramente, es porque ya ha perdido el sentido de lo nacional y, por tanto, no es capaz de valorar la agresión con toda la gravedad que merece. En efecto, ¿qué importancia tiene un atentado contra la nación cuando ya has perdido el sentido de la nación? El sentimiento nacional permanece, más o menos, en la calle, en el pueblo, en parte de la sociedad, pero parece haberse desvanecido por completo en el ámbito de los responsables públicos. Si el pecado mayor del sistema de 1978 es haber tratado de construir una democracia sin nación, como dice José María Marco, entonces la crisis de Ceuta ha venido a poner de manifiesto las consecuencias de esa desnacionalización. Al cabo de medio siglo, España puede romperse con la connivencia de los que deberían asegurar su unidad.
Hay pocos ejemplos más gráficos de este proceso de desnacionalización que nuestras Fuerzas Armadas; sin duda no en el ánimo personal de quienes abrazan la carrera de las armas, pero sí en la realidad material de unos ejércitos que alardean de sus éxitos en Estonia, Rumanía o el Índico mientras son incapaces de proteger las fronteras nacionales, que es en realidad su única misión constitucional y vocacional. Pero en esto nuestros ejércitos no han corrido distinta suerte que los demás resortes del país: un abastecimiento energético dependiente de políticas dictadas desde el exterior, una economía subordinada a intereses ajenos, una política exterior sometida a otros agentes, una política cultural abiertamente endofóbica y disgregadora, una política interior determinada por el juego partitocrático de clanes de poder que no retroceden ni siquiera ante los enemigos confesos del país… El mero hecho de la existencia de un personaje como Pedro Sánchez, y su insólita permanencia en el poder, sólo puede entenderse en el contexto de un Estado que ha renunciado a ser nación y que, por consiguiente, puede someterse a todo género de influencias tóxicas para el interés nacional. Desde esta perspectiva, el movimiento de la invasión de Ceuta es complementario del movimiento de ruptura de la unidad nacional por el separatismo: en ambos casos se trata de efectos de la desnacionalización de la democracia española, y en ambos casos el Estado ha demostrado su incapacidad para frenarlo.
La crisis de Ceuta nos pone ante el espejo de nuestro propio colapso. El Estado inerme es la consecuencia inevitable de la nación ausente. De este trance no se podrá salir con un simple cambio de Gobierno. Hace falta un replanteamiento completo del país, de lo que somos como comunidad política y de nuestra posición colectiva en el mundo. Volver a la conciencia de lo nacional después de medio siglo de desconstrucción de la nación española. Reiniciar España es eso. Y necesariamente ha de tener mucho de revolución.