Cada 15 de octubre la Generalitat conmemora el aniversario del fusilamiento de Lluís Companys. VOX aprovechó entonces para colgar unos carteles por el Parlament con el lema «Companys, asesino» en referencia a los asesinados durante su mandato.
La Comisión del Estatuto del Diputado consideró que la conducta constituía una infracción leve del código de conducta y pasó el tema a la Mesa por si había que sancionar al portavoz del partido, Joan Garriga, que pagó el pato. La Mesa cerró el asunto con una amonestación pública porque saben que no hay base legal para imponerle una sanción económica.
El pasado 22 de septiembre, el partido pidió que se reconsiderara la cuestión, pero el máximo órgano de gobierno de la cámara —formada por Junts, ERC y PSC— lo rechazó. El propio Joan Garriga, en su rueda de prensa del pasado martes, afirmó que la «inviolabilidad» y la «libertad de expresión» son principios básicos de la actividad parlamentaria. Y que si siguen adelante «les ganaremos en los tribunales ordinarios o en el TC». No soy abogado, pero sospecho que tiene toda la razón.
Lo bueno es que, durante el proceso, alegaban que en el Parlamento autonómico se tenía que poder «hablar de todo». Excepto, por lo visto, de lo que no les guste. Fue una de las estrategias de defensa de Carmen Forcadell durante el juicio del Supremo. Con pésimos resultados, como recordarán.
Yo no creo que sea un «asesino» en el sentido estricto del término. Pero es evidente que tenía que saber lo que ocurría en Cataluña en los primeros meses de la Guerra Civil. Independientemente, además, de si dio el visto bueno o no a sentencias de muerte. Es una figura con la que no se atreven los historiadores. Ni siquiera hay la biografía definitiva.
Companys sigue siendo intocable y, de hecho, se le dedican plazas, calles e incluso estadios. Aquello que dijo Petrarca: «Un bel morir tutta la vita onora». No en vano es el único presidente de un gobierno fusilado tras un conflicto. El otro caso en Europa es el pronazi noruego Vidkun Quisling. Pero a este lo puso Hitler.
La cifra de más de 8.000 ajusticiados es, en todo caso, altamente probable. Incluso se queda corta. El historiador Josep Termes (1936-2011) la puso encima de la mesa en un libro que publicó en 2008 junto a Arnau Cònsul. Termes no es un historiador de lo que llamarían ahora fachosfera, sino que bajo la presidencia de Montilla, recibió el Premio de Honor de las Letras Catalanas.
Todos fueron paseados por ser «burgueses». Había políticos de derechas y clérigos, pero también botiguers o profesionales liberales. Ahora que está tan de moda la Memoria Democrática, de muchos de ellos no se han podido recuperar los cuerpos porque los abandonaban en las cunetas o los incineraban en la cementera de Moncada.
La historiografía oficial ha bautizado a estos asesinos como «incontrolados». Aunque todo el mundo sabe que no iban por libre y que formaban parte de los partidos de izquierda: la CNT, la FAI, etc. El también historiador César Alcalá ha explicado en uno de sus libros que, en esa época, hasta Esquerra tenía una checa en Barcelona.
Hace años entrevisté, por otra parte, a Miquel Mir, que también tiene varios libros interesantes sobre ese trágico período. La entrevista tuvo lugar en una sala del Círculo Ecuestre en cuya pared había un cuadro con el nombre de todos los socios muertos en esa época. Creo que luego, por aquello de la corrección política y los nuevos tiempos, lo cambiaron de sitio. Quizá por todo esto nadie se ha atrevido a abordar semejante figura histórica. Probablemente, caería el mito hecho pedazos.