La Generalitat no ha tenido mejor idea para apaciguar la tensión en las cárceles catalanas que autorizar la instalación de máquinas de depilación láser con el fin de garantizar los «derechos» de los presos «trans».
Es un decir, claro. CSIF ha lamentado la «mala gestión de las prioridades». El sindicato ha recordado que sólo en Cataluña hay 68.000 personas en lista de espera de la Ley de Dependencia. Y casi 19.000 para una plaza en residencia pública.
Sin olvidar los últimos proyectos de cooperación internacional del Gobierno de Salvador Illa. Como los 600.000 euros para «Impactos de la economía globalizada en Ghana, Senegal y Guinea Conakry». Los 700.00 para «Protección integral de defensoras en Mesoamérica, Colombia y Filipinas». O los 850.000 para «Unión de mujeres, lesbianas, bisexuales y personas trans colombianas y migrantes venezolanas frente a las violencias machistas y por prejuicio (Colombia)», entre otros. Así hasta llegar a 37 millones de euros.
Lo bueno es que todo ello se produce bajo la batuta del titular de Justicia, Ramón Espadaler, el líder de Unió cuando dimitió Josep Antoni Duran i Lleida. El hombre que, de hecho, echó el cierre al histórico partido. Encontró después cobijo en el PSC con un minipartido: Units per Avançar, que incluye a los militantes que no se pasaron Junts, como el exsecretario de organización, Toni Castellà, ahora diputado en el otro bando. Aunque, en realidad, el único recolocado ha sido él. Si no contamos los incorporados a la patronal catalana, Fomento del Trabajo, incluido su presidente, Josep Sánchez Llibre, exdiputado en el Congreso en este caso.
El parlamentario de VOX Sergio Macian recordaba durante el pleno del pasado día 3 que el año pasado se produjo el 13 de marzo el asesinato de la cocinera Núria López en el centro penitenciario de Mas d’Enric a manos de un interno con el que trabajaba. El preso en cuestión se hizo con un cuchillo de grandes dimensiones y la atacó. Luego se suicidó.
Posteriormente trascendió que, según el sobrino de la víctima, había manifestado !en numerosas ocasiones que no lo quería en las cocinas, pero nadie la escuchó». Por otra parte, la Inspección de Trabajo concluyó que se cometieron cuatro infracciones graves de formación, prevención y coordinación, y reprochó al CIRE, la empresa pública de la Generalitat que en teoría se encarga de la reinserción de presos, no llevase a cabo una investigación interna de oficio. Entonces la consejera era Gemma Ubasart, en la órbita de Podemos, que accedió al cargo después de que Pere Aragonès echara a los consejeros de Junts del Govern.
Además, hubo durante ese período 555 agresiones consumadas, veinticinco de ellas sexuales. «Frente a esta realidad, el PSC bloquea la comisión de investigación por el asesinato de Núria», añadió Macián.
En realidad, lo único que se ha hecho más de un año después es presentar una iniciativa exprés para que los funcionarios de prisiones sean considerados agentes de la autoridad. «Pero solo el personal funcionario directivo de régimen interior, es decir, al área de vigilancia; dejando fuera al personal de tratamiento, psicólogos, juristas y educadores, o al personal laboral en el ejercicio de sus funciones», explicó el diputado de Vox.
Por su parte, el del PP —Alberto Villagrasa— les recordó que la medida salió adelante gracias a los votos de la oposición. La medida, en efecto, fue aprobada con 104 votos a favor (PSC-Units, Junts, PPC, Vox y AC) y 29 en contra (ERC, Comuns i CUP-DT). «Ustedes no pueden contar con los partidos que están a la izquierda porque ellos querían, a lo mejor, que las prisiones fuesen una especie de relais châteaux o de hotel de cinco estrellas», les espetó.
Al mismo tiempo, rememoró que recientemente se habían incautado navajas en can Brians, donde «dos grupos se iban a enfrentar y fueron precisamente los funcionarios de prisiones los que evitaron una matanza». Mientras que, en la prisión de Trinitat (Barcelona), localizaron «un rifle de airsoft, que puede disparar balas de goma».
No sé si la tensión es por el número creciente de presos, la mitad de origen extranjero. VOX fue, de hecho, el primer partido en denunciarlo en el 2022. Todavía recuerdo que las anteriores presidentas de la cámara, Laura Borràs; su sucesora interina, Alba Vergés; o Anna Erra, los cortaban cada vez que mencionaban la nacionalidad de los delincuentes. Pero eran datos oficiales del propio Departamento de Justicia a partir de una respuesta por escrito. En Brians 1, por ejemplo, había más de 1.000 internos y sólo 400 eran de nacionalidad española. Parece, pues, que el tiempo les ha acabado dando la razón.