La izquierda tiene una habilidad formidable para sobreactuar indignación donde le conviene y ensordecer con su silencio cuando la realidad se pone fea. Estos días hemos visto a los colectivos de inquilinos, apadrinados de inmediato por el aparato mediático progresista, rasgarse las vestiduras por el trágico fallecimiento de Maricarmen, cargando tintas contra el mercado inmobiliario y los «fondos buitre». Entre sus pancartas no está esta realidad: fue el propio Gobierno de Pedro Sánchez el que en 2022 empaquetó y entregó a las grandes firmas financieras la gestión de ese mismo ladrillo. Sin embargo, lo más revelador de esta representación no es su desfachatez, sino el mutis absoluto que guardan ante un asunto de auténtica gravedad democrática: la guerra sucia y los métodos de matón de barrio desplegados desde Ferraz contra la magistrada Beatriz Biedma.
Ahí no hay pancartas ni concentraciones, a pesar de que el PSOE ha rebasado cualquier frontera tolerable en un Estado de derecho. Lo que la Guardia Civil está poniendo sobre la mesa ante la Audiencia Nacional no es un simple intercambio de presiones políticas, sino una embestida con tintes mafiosos. Para frenar la investigación que acorraló al hermano del presidente por su plaza en la Diputación de Badajoz, la fontanería socialista activó una doble vía de acoso. Por un lado, buscaron el favor de clanes de la droga extremeños, prometiendo facilidades en sus causas a cambio de asestar un «golpe físico» a la instructora. Querían quitársela de encima porque, como dejó caer el exjuez reconvertido en recadero Sáenz de Tejada a la matriarca Cintia Rocho, la magistrada resultaba demasiado molesta y «a palos aprende el burro». Hay que remarcar el nivel de degradación: tuvieron que ser éstos los que demostraran más contención que los fontaneros de la sede socialista y rechazaran la propuesta.
Pero donde no llegaron los narcos, terminaron entrando los peones de las redes sociales. Ante la negativa del crimen organizado, la trama reclutó a un grupo de activistas locales para fiscalizar cada paso de la instructora. Llegaron al extremo de personarse en el colegio de sus hijas haciéndose pasar por un inexistente hermano o por un secretario fantasma con la intención de averiguar las rutinas de entrada y salida de las menores, fotografiando a la familia en parques y terrazas. «Decían que mi secretario había estado allí, y yo no tengo secretario», explicaba Biedma ante el juez Santiago Pedraz. La misma magistrada que no se amedrentó ante la Fiscalía ni ante el volumen del caso ha tenido que soportar un marcaje directo a sus hijas mientras, para sonrojo del Ministerio del Interior, continúa sin contar con protección oficial.
Los hallazgos del informe de la UCO dibujan un mapa de actuaciones escalofriante: reuniones de coordinación en inmuebles discretos de la capital, libretas de la trama con apuntes explícitos conectando a la juez con apodos del narcotráfico y campanas sincronizadas para triturar su imagen pública. Todo un entramado diseñado para proteger al entorno familiar de Moncloa y hacer descarrilar el procedimiento judicial sin reparar en medios.
Cuando una estructura de poder recurre al espionaje sobre menores y a la búsqueda de matones para amedrentar a quien investiga la corrupción de la familia presidencial, la calidad democrática de un país se desploma definitivamente. Esto ya no va de sobreactuación ideológica, ni de batallas de relato, ni de disputas partidistas: va de la asimilación paulatina de una monstruosidad moral en la que un partido de Gobierno se comporta abiertamente como un sindicato del crimen. Cuando la respuesta de un poder político ante la acción de la justicia es tantear a la delincuencia organizada y enviar matones a vigilar a las hijas de una juez a las puertas del colegio, la frontera de la política salta por los aires para dar paso a la pura delincuencia de Estado.
No estamos ante un simple exceso o una crisis institucional, sino ante las tácticas de una auténtica mafia enquistada en Ferraz que recurre a sicarios y métodos de chantaje criminal para blindar a toda costa al Capo de la Moncloa. El mensaje que pretenden enviar a la judicatura es letal: quien ose tocar al entorno del Ejecutivo no sólo sufrirá una campaña de linchamiento, sino que verá amenazada la propia seguridad de sus hijos. Beatriz Biedma ha dado una lección de rigor, integridad y valentía al mantenerse firme ante semejante acoso; la pregunta que nos queda como nación es hasta cuándo la sociedad va a consentir este matonismo sin entender que, si permitimos que unos gánsteres extorsionen a los jueces, no sólo habremos perdido la justicia, sino nuestra propia dignidad.
