Con independencia de las causas concretas de la tragedia de Adamuz, parece que el estado de la red en todo el territorio era mejorable y que había señales suficientes de ello, y junto a eso conocemos el dato del descenso general en la inversión en infraestructuras en España, lo que lleva al deterioro del stock de capital público.

Esto sucede en un contexto de récords. Récord de recaudación tributaria, que refuerza la sensación de ahogo fiscal del español, y récord de población. España está en máximos históricos: 49’4 millones de personas(casi diez millones nacidos fuera) más 85 millones de turistas extranjeros, también récord de visitantes. La presión combinada de estas dos situaciones excepcionales (la inevitable sensación de asistir a un experimento) se percibe en los servicios públicos y en las infraestructuras, como no puede ser de otro modo. Incide sobre ellas esa nueva presión cuando la inversión pública en infraestructuras básicas ha caído más de un 50& en la última década, lo que afecta a carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, puertos, etc.

Los ferrocarriles son sólo un ejemplo. Tras la liberalización, sobre la misma vía circulan más trenes y aunque aumente el gasto de mantenimiento, no sabemos si lo hará en la proporción que aconseja la prudencia. No sólo puede haber fatiga de materiales, también fallos asociados a una más intensa explotación.

Esto forma parte de una tendencia occidental. Contaba el Financial Times que desde los años 70 se observa en los países ricos un descenso de las inversiones del Estado y un aumento en el gasto público dedicado a las personas mayores.

Ya sucede en España, y por imperativo demográfico el gasto en pensiones sólo podrá ir a más. Si añadimos los previsibles aumentos en gasto militar e intereses de la deuda, el dinero para otras partidas disminuirá.

¿Cómo se podrá mantener o aumentar el mismo ritmo en uso de infraestructuras y servicios públicos sin aumentar la inversión?

Se plantea aquí un dilema porque la forma española establecida para seguir creciendo (no se conoce otra o ya se ha olvidado) es a través de más gente: más turismo y más inmigración. La presión sobre los servicios e infraestructuras públicas aumentará y sin que le acompañe la inversión, esto debilitará más el Estado…

Entramos en el círculo vicioso, tendencias negativas que se refuerzan. Las pensiones crecen, para pagarlas insistirán en el modelo económico: turismo (creación de empleo poco cualificado) e inmigración (atracción de trabajo poco cualificado), lo que nos devuelve a una mayor carga sobre las infraestructuras y los servicios.

No es sólo la sensación de estar ante una crisis de régimen y del sistema político (esto ya pasaba cuando los muertos no eran por descarrilamiento sino por explosivos), también de crisis del modelo de crecimiento, de a qué se juega, y del propio Estado, crisis en su arquitectura, pero también crisis material.

Porque el Estado crece y exige más impuestos, pero no dedica suficiente para «cuidarse» (¡el autocuidado!), para dotarse de capital y además adelgaza en su base, o en su centro, en la Administración General del Estado. O sea, es un estado expansivo, pero con la cabeza pequeña y menos músculo en la larga extremidad.

La forma de crecer o cebar la bomba consiste en más gente, gente que viene atraída por los servicios públicos sobre los que aumentan la concurrencia. También sobre las infraestructuras. Estas personas (nuevos inmigrantes o turistas) no levitan, ni se teletransportan, ni viven en el espíritu; también desgastan, pisan, usan el Estado…

Teníamos la sensación de que crecía el Estado a costa de los españoles. Ahora empezamos a intuir que también se fuerza a sí mismo, que se lleva a limites difíciles de mantener y hasta peligrosos. Debilitado, contrahecho y sobreexplotado, es otra víctima de la situación.