Hay una superstición muy extendida —rentabilísima para el poder— según la cual el sueldo es lo que a uno le aparece en la nómina. Pero el sueldo, en realidad, es lo que paga la empresa. Según la OCDE, la llamada cuña fiscal se lleva ya más del 40 % del salario bruto en España; pero si se tiene la honradez de mirar el coste laboral completo, la mordida pública se acerca peligrosamente a la mitad. Está lo que trincan antes (IRPF) y lo que trincan después (IVA) y lo de en medio (lo tuyo) queda cada vez más exiguo. Casi sin darse cuenta: para mano invisible, la fiscal. De cada cien euros que uno gana trabajando, apenas cincuenta llegan a casa.
Junto a los efectos económicos, hay otro diabólico, en el sentido etimológico: divide. Divide entre personas y dentro de la empresa. El empresario sabe bien lo que paga; el trabajador, lo que cobra. El primero se escandaliza de lo que le cuesta el segundo; el segundo, de lo poco que recibe del primero. Ambos están tentados a resentirse. Y caerán si no se ponen en el lugar del otro y desenmascaran a ese tercero —discreto, eficaz, de guante blanco— que mete la mano en ambos bolsillos a la vez.
Otro aspecto olvidado es el impuesto que llega disfrazado de regulación. ¿Cuántos trabajadores —con su coste completo— se dedican en buena medida a cumplir requisitos, rellenar formularios y atender burocracias que nada aportan a la productividad? En puridad, todo ese trabajo puede considerarse impuesto: porque es obligado y porque detrae recursos reales. La riqueza creada por los demás trabajadores tiene que sostener esta actividad sobrevenida, obligatoria e improductiva.
Cuando los servicios públicos fallan, el expolio se transforma en pérdida de tiempo y en incertidumbre. Eso también es productividad que se esfuma. Y de ahí, la cadena: menor productividad, más inflación —el impuesto silencioso sobre los pobres y la clase media— y más deuda pública —el impuesto de los hijos y de los nietos—.
A medida que uno cae en la cuenta, empieza a ver expolios a espuertas. Por ejemplo, la expropiación de la vía pública. Para aparcar, hay que caer, con suerte, en zonas azules, verdes, moradas… y pagar. Mientras uno da vueltas buscando dónde ser desplumado, descubre estupefacto la cantidad de plazas que los poderes públicos se reservan a sí mismos. Es algo más que una anécdota: es un símbolo. La calle es de ellos.
Entiendo que he sumado conceptos diversos, desde impuestos propiamente dichos hasta intervenciones estatales más difusas, aunque igual de estrictas. No pretendo escribir un manual de Derecho Tributario, sino describir nuestra situación: la de auténticos tributarios de un Estado voraz.
La reacción debería ser contundente, pero también compleja, de racimo. Técnica, en lo posible; moral, sin excusas. Los llamamientos a la objeción fiscal son hermosos, pero difíciles de practicar para quien quiere salvar su economía familiar o su negocio. La primera defensa imprescindible es hacer el recuento: saber qué nos quitan de verdad. Y, a partir de ahí, votar exigiendo recortes perentorios en todos los ámbitos: del IRPF a la burocracia, pasando por la legislación asfixiante.
En lo personal, revertir las expropiaciones. Si el trabajo está acosado de restas, añadir nosotros sumas. Un ejemplo radical, multiplicador: si el trabajo se convierte en instrumento de santificación, como proponía san Josemaría Escrivá de Balaguer, un santo tan de nuestro tiempo en todos los extremos por propuestas como ésta, elevamos la cuestión a un terreno al que no llegan los impuestos. Y, en un plano menos confesional, cabe hacer del trabajo un espacio de crecimiento personal —exento— o de confraternización —sin tasa—. Incluso el tiempo perdido en el transporte público puede reconquistarse a fuerza de atención y de concentración. También el espacio público hay que recuperarlo, no con ordenanzas, sino con paso firme y reconquistador.
La recuperación del señorío del individuo —con su imprescindible margen de propiedad privada y fuero interior— es uno de los grandes asuntos de nuestro tiempo.