Año tras año, tanto en España como en otros Estados Miembros de la Unión Europea, las Administraciones públicas gastan más de lo que ingresan y los sucesivos déficits anuales van engrosando una deuda que, en nuestro caso, ha rebasado ya el 100% del PIB. Las autoridades comunitarias desde Bruselas intentan que se cumpla el Pacto de Estabilidad, que pone límites a los desequilibrios financieros nacionales para mantener la fortaleza del euro y la salud de la economía. La insistencia de la Comisión en exigir a los Gobiernos que guarden la disciplina fiscal no es un capricho o un apego dogmático a un determinado modelo económico, es puro sentido común. De igual forma que un individuo o una familia que sistemáticamente permite que sus entradas de dinero sean inferiores a sus salidas y que cubre la diferencia con créditos hasta que se ve incapaz de satisfacer simultáneamente el pago de intereses, la devolución del principal y las necesidades de su vida corriente, los Estados excesivamente apalancados caen en el default, la inflación galopante y la miseria generalizada para sus ciudadanos. Una de las cosas que se debería inculcar a los niños en las escuelas desde su más tierna infancia es el «horror al déficit» y las nefastas consecuencias de gastar más de lo que se tiene.

El origen de los problemas financieros de Ayuntamientos, Autonomías y Gobierno central es algo que todos deberíamos comprender para que una sociedad bien informada obligase a su clase política a comportarse responsablemente y no fuese presa de demagogos y vendedores de utopías ruinosas. Los políticos suelen alegar que el gasto público, que ellos manejan y deciden, cubre obligaciones ineludibles como la educación, la sanidad, la protección social, las pensiones, la justicia, la seguridad, las grandes infraestructuras, la defensa y demás. El Presidente socialista de la Comunidad valenciana, Ximo Puig, ha protestado airadamente estos días por haber sido apercibido por el Secretario de Estado de Hacienda sobre la desviación de su Autonomía de los objetivos de déficit y ha preguntado retóricamente al Gobierno de la Nación si éste pretende que cierre hospitales y colegios. Sin duda, la enorme deuda que arrastra hoy la Comunidad valenciana procede de la gestión megalómana y corrupta de etapas anteriores, pero mientras se rebela contra las admoniciones de Manuel Beteta, Ximo Puig planea volver a poner en marcha la televisión autonómica valenciana, una entidad superflua que fue cerrada por Carlos Fabra tras el escándalo creado por su despilfarro y su nómina absolutamente desmedida. Este ejemplo pone el dedo en la llaga sobre las causas del déficit incontrolado a nivel municipal, autonómico y estatal. La diferencia entre ingresos y gastos no procede de la satisfacción de demandas lógicas de la sociedad como la atención a los enfermos, el pago de las jubilaciones, el sueldo de los profesores o la construcción de carreteras, sino del llamado «gasto político», es decir, el que los gobernantes generan para satisfacer sus propios objetivos destinados a conseguir y conservar el poder o a sostener sus privilegios y prebendas.

En España es la propia estructura del Estado, financieramente insostenible, políticamente inmanejable y funcionalmente aberrante, la que demuestra que el déficit es un problema creado artificialmente por la política y no la consecuencia de gastos necesarios. La división de España en Comunidades Autónomas no obedece a una lógica territorial descentralizadora en aras de la eficiencia o el mejor servicio al ciudadano. Nada de eso. Se implantó para solucionar la cuestión nacionalista en Cataluña y el País Vasco, asunto irracional que nada tiene que ver con el bienestar de la gente, sino con quimeras destinadas a movilizar adhesiones acrílicas a una causa estrictamente política y además destructiva. El resultado ha sido el auge del independentismo y un coste económico desaforado, que no podemos sufragar. Operación brillante, sin duda. Buscábamos mejor asignación de los recursos y armonía civil y hemos tenido descontrol presupuestario y desgarramiento de la unidad nacional.

La única forma de acabar con el déficit es impedir que los políticos organicen el gasto al servicio de sus objetivos e intereses y no al de los ciudadanos. Eso es lo que intenta infructuosamente la Comisión Europea, órgano técnico afortunadamente libre de presiones electorales. En España, la Autoridad Fiscal Independiente, en lugar de ser un ente marginal ignorado por el Gobierno, debiera ser una institución determinante dotada de la capacidad de auditar las Administraciones y todos sus pesebres y chiringuitos y facultada para cerrar los que no obedecieran a criterios objetivos coste-beneficio. En otras palabras, el equilibrio de las cuentas públicas sólo se alcanzará si el coste de la política queda fuera de las manos de los políticos, Paradójico, pero cierto.