Las negociaciones entre el PP y Ciudadanos de cara a la investidura de Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno, seguidas casi en tiempo real por los medios, cuya excitación ante los sucesivos avatares de las conversaciones van el paralelo con el tedio de la ciudadanía en general ante el asunto, han vuelto a poner -enésima vez- sobre el tapete la necesidad de ambiciosas reformas de nuestro sistema institucional. Parece difícil que los dos interlocutores lleguen a un punto de encuentro por dos motivos, el primero es que el PP no quiere cambiar nada o casi nada y el segundo es que Ciudadanos, que ha elegido correctamente los objetivos, no acaba de entender el tipo de instrumentos jurídicos y constitucionales requeridos ni los tiempos necesarios para alcanzarlos. Y así la cerrazón de unos y la excesiva simplicidad de otros chocan en cada reunión hasta hacerla naufragar. La irritación mostrada por el Portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, sin duda la mejor cabeza del equipo de Rivera y por tanto consciente de las dificultades de la operación, era patente el pasado miércoles en su comparecencia ante la prensa.

Que la justicia española está escandalosamente politizada, que el Senado no sirve para nada y que las Diputaciones son organismos perfectamente prescindibles, son evidencias que saltan a la vista, pero las medidas a tomar al respecto no son de las que se resuelven de un plumazo. La supresión de las Diputaciones Provinciales, con el ahorro que ello representaría y la eliminación de paso de un importante foco de corrupción, exige una significativa concentración de municipios pasando de los más de ocho mil actuales a mil o mil quinientos, de tal manera que todos ellos tengan dimensión y músculo administrativo y financiero para prestar los servicios que les son propios sin la muleta que las Corporaciones provinciales suministran hoy a los más pequeños. Además, hay funciones de coordinación y de desarrollo de infraestructuras que debería asumir el Estado o las Comunidades Autónomas para cubrir el hueco que dejaría la desaparición de las Diputaciones. Y eso, que es fácil de enunciar y de entender, a la hora de plasmarlo en legislación y en previsiones presupuestarias implica poner a trabajar a un grupo de competentes administrativistas, constitucionalistas y hacendistas durante bastantes meses más una legislatura completa para poner en marcha el nuevo enfoque. Como el PP se escuda en la incapacidad del entramado municipal actual para cumplir correctamente su tarea sin las Diputaciones y Ciudadanos no reconoce en toda su dimensión la magnitud del tema a acometer, pues fracaso en la negociación.

El Senado ni cumple con su teórica misión de ser la Cámara de representación territorial ni su trabajo de asamblea de segunda lectura aporta nada, pero su transformación en una institución útil o su liquidación comportan cambios constitucionales profundos y van asociadas a otra cuestión que rebasa ampliamente el propio problema de la Cámara Alta: la estructura territorial del Estado, probadamente ruinosa y explosiva. Dado que este es un bocado muy grande para que el horror al cambio del PP lo ingiera y tampoco Ciudadanos ha presentado hasta la fecha su idea básica al respecto, salvo la abstracta y loable de preservación de la unidad nacional, motor de las conversaciones inevitablemente gripado.

La independencia de los jueces es la eterna asignatura pendiente del régimen del 78 desde que en 1985 González y Guerra decidieran a las bravas enterrar el legado del Barón de la Brède y el PP haya mantenido esta aberración durante sus períodos de gobierno. Aquí sí bastaría volver a la situación anterior al atentado contra la separación de poderes perpetrado por el PSOE y reiterado por su principal adversario por lo que en ese punto Ciudadanos debe hacerse fuerte. La acción legislativa correspondiente es factible y de coste nulo.

La conclusión de toda esta historia es que España demanda un gran plan de reformas en los planos institucional, administrativo y económico que sea ambicioso, coherente y que abarque de manera consistente los diversos niveles y áreas en los que es imprescindible actuar, bien con medicación o con cirugía. Está claro que los partidos son incapaces de elaborarlo y de ponerse de acuerdo sobre el mismo porque carecen de los incentivos necesarios para emprender y culminar este trabajo, porque sus bases conceptuales, morales y antropológicas, cuando las tienen, se encuentran demasiado distantes, y porque su visión es intrínsecamente de corto plazo. Correspondería, por tanto, a la sociedad civil su diseño y difusión entre el censo electoral. Al fin y al cabo, pese a sus notorios defectos, vivimos en un régimen de opinión y los políticos suelen ser sensibles por la cuenta que les trae a los deseos y aspiraciones de la gente cuando éstos se manifiestan de forma abrumadora y sostenida. A ver quién se anima a proporcionar el impulso y el mecenazgo para esta empresa inaplazable.