La prueba del nueve de que un Estado de Derecho ha devenido en un régimen de terror en el que ninguna garantía, individual o colectiva, está asegurada, es la conversión de los órganos de administración de justicia en simples servidores del poder político. La sumisión de los jueces a los partidos es, probablemente, el hecho más grave que ha ocurrido en Occidente en términos de demolición de los sistemas democráticos ya que, con ella, han quedado asimismo laminados los derechos fundamentales de los ciudadanos, convertidos ya en meras comparsas, en marionetas reducidas a su papel de consumir y pagar impuestos. Bueno, y votar, claro.
Antes de que los partidos políticos hegemónicos del sistema (o sea, el PSOE y el PP) se apoderasen del control total del Estado por medio de una premeditada labor de adormecimiento general de las conciencias (lobotomizadas gracias a los aparatitos tecnológicos y las televisiones subvencionadas), los españoles teníamos en los tribunales un último asidero al que poder agarrarnos cuando el bipartidismo decretaba nuestra muerte civil. Las togas eran el símbolo de la Justicia por encima del poder siempre parcial, siempre manipulado del interés particular. En ello parecíamos poder confiar hasta no hace muchas décadas.
Hoy, con las excepciones que confirma siempre toda regla general, los más altos tribunales (Supremo y Constitucional) no son otra cosa que los brazos ejecutores de los partidos que los controlan, eligen a sus magistrados y ordenan; un contrapeso irreal, un control que no controla, una apariencia, un trampantojo sistémico. Un truco más para hacer creer a los ciudadanos que son libres, que tienen derechos que pueden ejercer, y que la Justicia existe también para los menesterosos y desheredados. Nada más lejos de la realidad.
La concesión de la amnistía primero al ex presidente golpista de Cataluña, Carlos Puigdemont, y después a los dirigentes de ERC, los también golpistas Junqueras, Romeva, Turull y Bassa constituye una prueba inequívoca de lo que arriba hemos afirmado. Tanto el Constitucional como el Supremo han trabajado no a favor de las libertades y los derechos, sino en contra de ellos; no para fortalecer el sistema democrático, sino para demoler sus cimientos y convertirlo, en la práctica, en un Estado fallido, en un lugar sin ley. ¿O prefieren la más popular expresión de «república bananera«?
Ya dijimos en su día que la amnistía concedida por el Gobierno de Sánchez a esta jauría separatista era, no solamente ilegal, sino también ilegítima. Porque la única razón que condujo a los socialistas a conceder dicha gracia era poder permanecer en el Gobierno, algo que por la única fuerza de los votos nunca hubiesen conseguido. Era, y sigue siendo, una amnistía fake, tan falsa como la sonrisa o los besos que da Sánchez a su esposa. Un simple mangoneo y un intercambio de favores políticos para saldar nada menos que un intento de golpe constitucional contra la unidad de España.
Si la decisión gubernamental fue ilegal e ilegítima, ¿cómo calificar la decisión adoptada ahora por los altos tribunales después de haber condenado a los dirigentes separatistas catalanes? ¿Son acaso estos jueces ciegos y sordos a las razones que vemos todos los españoles, es decir, que Sánchez está gobernando gracias a una actuación a todas luces contraria a Derecho? ¿Son ajenos también a la evidencia de que estas absoluciones lo que van a operar, de facto, es un nuevo intento (quizá muy cercano en el tiempo) de repetir la misma estrategia golpista que ya consumaron Junts y ERC el 27 de octubre de 2017? No parece importar mucho a sus señorías el futuro de España. También en eso se parecen a los partidos de los que dependen.