Un suicidio tiene siempre algo de tragedia colectiva. Como pueblo, nación, comunidad, en fin, que alguien se quite la vida debería movernos a la tristeza, la compasión y la reflexión sobre qué está sucediendo. Que alguien no pueda más supone, de algún modo, una advertencia. Que alguien se rompa es una alerta sobre la fragilidad de todo el grupo. Un joven campesino aragonés de 27 años se ha quitado la vida y hoy todos somos un poco más pobres y estamos un poco más solos. Ser un pueblo también es eso: tomar conciencia de los que nos faltan y preguntarnos por qué nos han dejado. Se llamaba David, militaba en la asociación AEGA y ganó cierta fama cuando se convirtió en un símbolo de las protestas del campo: en febrero de 2024 se plantó con su tractor a las puertas del Palacio de la Ajafería, sede de las Cortes de Aragón. Cuentan que no faltaba cuando había que echar una mano como en el auxilio a Valencia durante la DANA.
Pero no sabíamos que David estaba viviendo un infierno. Dejó escrito en un último mensaje que «lo siento por despedirme de esta manera tan cobarde, pero no aguanto más presión, no aguanto estar discutiendo todos los días con gente, no aguanto más inspecciones de haciendo ni de trabajo, no aguanto trabajar 18 horas para no vivir”.
No es necesario explicar las distintas formas en que Hacienda y, en general, la Administración pueden arruinarle la vida a cualquiera: inspecciones, sanciones, intereses, costas y un sistema recaudatorio en que el ciudadano está casi indefenso salvo que disponga de recursos para litigar y para resistir años de pleitos. La politización de la Administración pública convierte a cualquiera en un hipotético objetivo. Si, al final, el ciudadano gana y logra la nulidad de la sanción, el recargo, la deuda o lo que sea que le reclamen, los funcionarios no sufrirán consecuencia alguna. La Administración puede arruinarle la vida a cualquiera sin que pase nada.
Tampoco es momento de preguntar por el destino de todo eso que se recauda. Ya sabemos que no todo se destina a colegios, hospitales ni carreteras. Una televisión arruinada, unas redes clientelares subvencionadas o colectivos mantenidos gracias a subsidios y pagas son sólo algunes ejemplos de dónde termina el dinero que a gente como David le arrancan.
Es lógico que una persona se quiebre. Es comprensible que no pueda más. Es terrible que, como nación, la Administración haya dejado de estar a nuestro servicio para pasar a asfixiarnos. Los salarios desmedidos de ciertos periodistas afines al gobierno, los subsidios y rescates a los empresarios amigos y el entramado de organizaciones políticamente alineadas mantenidas por el gobierno tienen como precio la ruina de los españoles, el producto de cuyo trabajo termina en otras manos. Al común de los ciudadanos nos quedan las listas de espera, los trenes fallidos y los pueblos abandonados.
David no pudo más y su ultimo mensaje debería resonar como un aldabonazo en nuestras conciencias: ¿cuántos españoles sufren un calvario como el suyo?