Las cloacas son mucho más peligrosas cuando dejan de estar bajo tierra. Quien llegó a Moncloa haciendo denuncia de ellas termina teniéndolas en las alcantarillas de su propia sede. La UCO de la Guardia Civil identifica, en los informes incorporados al sumario del caso de las cloacas del PSOE, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la persona a quien Leire Díez se refería en clave como el «one». El uno. El número uno. Y lo hace sin ambages, sin matices, sin puerta trasera. No ante un micrófono. Ante un juez de la Audiencia Nacional. No estamos ante una filtración o especulación. Estamos ante la conclusión formal de la policía judicial. Los agentes concluyen que, por encima de Santos Cerdán, a quien Díez llamaba «S», «Santi» o «jefe», había una sola persona. Y que esa persona era el presidente. El sumario lo recoge. El «one» no era una metáfora ni un juego de palabras. Era una cadena de mando. Y alguien tenía que estar arriba del todo.
Lo que resulta especialmente significativo es el momento en que todo arranca. Según la Guardia Civil, el punto de partida de esta estructura fue abril de 2024: los famosos cinco días de reflexión del presidente, tras la apertura de diligencias contra su esposa Begoña Gómez. A partir de ese momento, según los investigadores, el PSOE habría puesto a disposición del grupo su infraestructura logística y financiera. Es decir, que lo que Sánchez presentó al país como un ejercicio de introspección democrática habría coincidido, con el despliegue de una maquinaria orientada a protegerle de la Justicia. Cualquier ciudadano, incluyendo al presidente del Gobierno, tiene pleno derecho a defenderse de una acusación. Puede contratar abogados, recurrir decisiones judiciales, dar explicaciones públicas, denunciar lo que considere irregularidades. Todo eso forma parte del Estado de Derecho y no merece ninguna crítica por principio. Pero lo que describen los informes de la UCO no es eso. Lo que describen es algo cualitativamente distinto: intentar actuar sobre quienes realizan la investigación. Influir en testigos, obtener información reservada, desacreditar a policías judiciales, utilizar contactos institucionales para interferir en procedimientos abiertos. Cuando eso ocurre, que lo acreditará el juez,, ya no hablamos de defensa. Hablamos de una posible interferencia en el funcionamiento normal de la Justicia. Y esa frontera no es un matiz. Es la frontera que separa a una democracia de algo que empieza a no serlo.
Lo que la UCO llama «estructura» no es una célula espontánea de activistas entusiastas del aparato del partido. Es una organización con infraestructura logística y financiera puesta a disposición del grupo por el propio PSOE. El objetivo declarado por los propios investigados era proteger al presidente. La pregunta que no puede eludirse es hasta dónde llegaron para conseguirlo. Durante años, señalaron a las cloacas con el dedo y ahora les toca explicar por qué sus huellas aparecen en la pared. Air Force One narraba la lucha de un presidente por recuperar el control de un avión secuestrado. El caso que hoy investiga la Justicia plantea una incógnita distinta: si para proteger al número uno se movilizó una estructura destinada a condicionar a quienes debían investigarlo. En la película, el rehén era el presidente. En una democracia, el problema empieza cuando la sensación de rehén la tiene el país.
Las últimas novedades del caso elevan todavía más la gravedad potencial del asunto. La Audiencia Nacional ha ordenado registros vinculados a Tubos Reunidos, empresa que recibió más de cien millones de euros del fondo estatal de rescate durante la pandemia. Empieza a dibujarse una red de relaciones e influencias que exige explicación. Y los tentáculos de esa red llegaron lejos. A la Fiscalía General del Estado, con «capacidad demostrada» de acceso al propio fiscal general. Al exsecretario de Estado de Seguridad. A las defensas jurídicas del exministro Ábalos y de su exasesor Koldo García, pagadas por el partido. A un medio digital Crónica Lubre, utilizado para publicar información favorable al Gobierno. Y hasta al excomisario Villarejo, al que acudieron para buscar material comprometedor bajo el nombre en clave de «informe PS». Una organización, en definitiva, que no dejó ningún flanco sin explorar.
La corrupción clásica roba dinero. La corrupción institucional intenta apropiarse de algo mucho más valioso: la neutralidad del Estado. Y aquí aparece la cuestión de fondo, la que trasciende los nombres propios y los detalles del sumario. Hay quienes, al escuchar estas informaciones, las despachan como bulos o como el enésimo episodio de la crispación política española. Son los mismos que llevan años advirtiendo de que en este país todo se instrumentaliza. Pero la Guardia Civil no hace política. La Guardia Civil firma atestados y los remite a los jueces. Y lo que ha firmado esta semana no tiene parangón en la historia reciente de nuestra democracia. Basta con hacerse una pregunta sencilla: ¿la Guardia Civil pertenece al PSOE? ¿La SEPI pertenece al PSOE? ¿Los jueces pertenecen al PSOE? ¿El Estado pertenece al PSOE? La respuesta es no. Y si alguien intentó actuar como si la respuesta fuera sí, eso tiene consecuencias.
Porque si estos hechos llegaran a confirmarse judicialmente, ya no estaríamos hablando de propaganda, de presión mediática o de máquina del fango. Estaríamos hablando de la posibilidad de que la propia estructura del Estado fuera utilizada para vigilar, intimidar o desacreditar a quienes investigaban al poder. Y esa es una frontera que ninguna democracia puede cruzar sin comenzar a deteriorarse por dentro.
Por todo esto, Leire Díez cobró 43.225 euros del PSOE, canalizados a través del histórico socialista Gaspar Zarrías y de sociedades vinculadas al entorno del partido. Eso es lo que consta. Eso es lo que la UCO ha puesto negro sobre blanco ante el juez. El «one» del partido y el «one» del Gobierno. Una sola persona. Y una sola pregunta que ya resulta imposible ignorar: ¿se intentó usar la influencia acumulada alrededor del poder para actuar contra quienes investigaban ese poder? Eso, señor presidente, es lo que está en juego. Nada envejece peor en política que una denuncia cuando termina por parecer una confusión.