La sentencia de la Audiencia Nacional, absolviendo a los instigadores del asalto contra el Parlament de Cataluña en junio de 2011, le hace un flaco favor al papel de los medios de comunicación, al concepto de libertad de expresión y a los límites que se debe poner a los excesos.

Argumentan los magistrados que “cuandolos cauces de expresión y de acceso al espacio público se encuentran controlados por medios de comunicación privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social, resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación”. La gran pregunta es ¿hasta qué punto de exceso hay que admitir?

La Fiscalía pedía cinco años y medio de prisión para cada uno de los activistas que promovieron el asalto porque «varios parlamentarios fueron rodeados e increpados por grupos de personas que les impedían el acceso al Parlamento mediante empujones, golpes, lanzamiento de objetos e insultos, creando un fundado temor en su seguridad personal, acciones en las que todos los acusados tuvieron una activa intervención». Hasta el presidente de la Generalitat, Artur Mas, al igual que otros diputados, tuvo que acceder al edificio en helicóptero. ¿Debemos entender que la Justicia nos ampara si decidimos acosar, amenazar, insultar y hasta agredir a unos diputados democráticamente elegidos?

Pero la sentencia no sólo viene a disculpar el uso de la violencia y a otorgar carta de naturaleza a los escraches. También acusa a los medios informativos de secuestrar “el espacio público” y cuestiona el papel del periodismo en una sociedad democrática, justificando así la demanda de algunos radicales, como es el caso de Pablo Iglesias, que exigen un control público sobre los medios de comunicación.

Seguramente, la resolución judicial habrá sido del agrado del creador de Podemos que, justo cuando trata de negar sus vinculaciones con el régimen chavista de Nicolás Maduro, se ve respaldado en sus aspiraciones de conseguir una Ley Mordaza para España similar a la venezolana que ha cercenado la libertad de expresión en ese país.

Y quienes le han venido a amparar han sido, ni más ni menos, que los magistrados de la Audiencia Nacional.  Solo Fernando Grande-Marlaska, con su voto particular, se mantiene al margen del peculiar fallo y considera que algunos de los acusados deberían haber sido condenados. La Fiscalía ha anunciado ya que recurrirá.

Para debilitar la democracia no hay nada como “matar al mensajero”, es decir, desacreditar a los medios de comunicación. Para acabar con la convivencia, lo mejor es justificar el uso de la violencia.