Abundan en los debates los que se enfadan con quienes tratamos cuestiones amplias: siempre están al quite para sacar excepciones o quejarse por lo que entienden como una intromisión indebida. Si uno dice, por ejemplo, que el hecho de que la Dirección General de Tráfico esté preparando reformas para el examen teórico del carné de conducir porque hay demasiados suspensos debido a que los examinados no comprenden las preguntas del test escrito (la DGT sustituirá parte del modelo actual por fragmentos audiovisuales) es otra muestra más del declive educativo, siempre hay alguien que cree refutarlo diciendo que tiene un primo que a los veintitrés ya escribe en el Washington Post, y si uno enjuicia que tenemos un problema terrorífico —lo tenemos— con la baja natalidad y con que cada vez más gente decida no emparejarse y vivir sola, siempre hay otro que salta con un «quién eres tú para decir cómo tiene que vivir la gente». Estos diálogos fallidos parten siempre de la confusión entre lo particular y lo colectivo.
Vayamos con este último ejemplo, que concierne al amor, la familia y la demografía. Es obvio y bueno que vivimos en un país libre en cuanto a las opciones sexuales personales, que nadie es quién para decirle, a una persona particular, qué debe hacer con su vida, que no existe un deber moral de casarse o no separarse o tener hijos, etcétera. Punto y aparte: por supuesto que ha de preocuparnos la cuestión en su nivel sociológico, porque afecta a nuestra comunidad y nuestro modelo de convivencia. Estamos moralmente obligados a pensar de qué modos la ley de los grandes números puede afectar a nuestra vida conjunta en el medio y el largo plazo. Nadie es quién para decir cómo debe vivir a fulanito; pero todos deberíamos exigirnos, por una cuestión de ciudadanía, reflexionar y decidir cómo conseguir que el sitio en el que vivimos prospere.
Esto tiene consecuencias que, pese a ser evidentes, han sido obviadas por el buenismo y la tolerancia mal entendida. No hay inclinaciones sexuales malas y buenas (aunque hay una ética sexual, que es distinto), y la homofobia es un desagradable modo de discriminación. Tenemos que congratularnos de que España esté entre los diez mejores países del mundo en cuanto al respeto a la diversidad sexual; todo lo que mejoremos en este campo será para bien sin duda. Ahora bien, las sociedades en las que la homosexualidad se extiende tienen un problema demográfico que hay que afrontar como ciudadanos adultos. En España apenas hay datos y son antiguos (los últimos que encontré, un estudio de Clara Cortina, son de 2011), pero los resultados son claros: el tamaño medio del hogar para parejas del mismo sexo fue de 2,28 personas en parejas masculinas y 2,52 personas en parejas femeninas, mientras que en parejas heterosexuales era de 3,17 personas. En Estados Unidos, datos de 2019, el 14,7% de las parejas del mismo sexo tenía al menos un hijo menor de 18 años en el hogar, comparado con el 37,8% de las parejas heterosexuales. Otro tanto puede decirse de las separaciones: un país donde cada vez más gente es evidente que se empobrece y empeora; subrayarlo nada tiene que ver con «meterse en la vida de la gente».
Una tertuliana comentó en un programa radiofónico de tarde que le parecía fenomenal que el porcentaje de hogares unipersonales en nuestro país casi igualase por primera vez al de parejas (28% frente a 29%), porque eso ponía fin «a un estigma». Dejemos de lado la idiotez de pensar que en España y en 2025 porque una vecina random te pregunte con cierta entonación cómo es que vives sola eso denote nada menos que «un estigma social» (cuando hoy lo que abunda es que a nadie le importe lo que hace nadie); es que encima la tertuliana, que claramente proyectaba desde lo personal («es muy difícil convivir con alguien»), se alegraba «en lo sociológico». Nadie ha de juzgar a nadie por lo que elija, pero ¿es razonable alegrarse de que tu país camine hacia un tercio de sus viviendas ocupadas por una sola persona? La tertuliana añadió que lo mejor de lo mejor sería que en las parejas cada uno viviera en su casa; supongo que esto encaja a la perfección con lo que Rob Henderson llama «creencias de lujo», especialmente en nuestro país, con su gigantesco problema de la vivienda.
Una persona madura, desprejuiciada, con el suficiente pensamiento crítico, ha de poder sostener estas dos posiciones perfectamente compatibles: cada cual tiene derecho a elegir su sexualidad y su sentimentalidad, pero la sociedad debe preocuparse de lo que ocurre cuando esas opciones personales se generalizan. La exigencia ética debe combinarse con la política: o hacemos algo para promover que haya más niños y familias más estables en este nuevo escenario (promoviendo, sin enjuiciar, las uniones heterosexuales o que estas tengan más hijos y que las parejas se arreglen) o lo que vamos a tener es una sociedad futura desvalida, solitaria y quebrada —aún más— en cuanto a la sostenibilidad intergeneracional. Decir que alguien «se mete en la vida de los demás» por poner sobre la mesa esto es confundir lo que los griegos llamaban idion (lo de uno, «lo oscuro», lo que es privado) con lo koinon (lo de todos, «lo que está a la luz», lo que es público). Quienes aducen que debatir estos temas implica «imponer a los demás el propio modelo de vida» olvidan que nadie plantea impedir que la gente tenga la sexualidad o la pareja que le dé la gana; y esa misma gente, al evitar el debate, posteriormente llorará porque hay que trabajar hasta los 75 años o aceptar modelos de inmigración suicidas que hagan que sean mayoría precisamente quienes consideran una aberración la homosexualidad y aspiran a sustituir nuestras libertades por la sharía.
Aquí conviene hacer otra distinción que atañe al racismo. Despreciar a una persona por su origen o su cultura es, efectivamente, racista, y por lo tanto inmoral. Pero no es ni una cosa ni la otra aspirar a que un modelo social que, aunque imperfecto, ha resultado exitoso en cuanto a la prosperidad y el avance de los derechos humanos mantenga no «su fundamento étnico», sino ético. Es, por supuesto una amenaza muy seria para la democracia y la igualdad entre mujeres y hombres que en una sociedad empiece a haber demasiada gente que no cree ni en una cosa ni en la otra. Y las sociedades que no se dan el tiempo suficiente para organizar esa entrada de inmigrantes de manera que haya sistemas poderosos de educación civil que superen esos planteamientos moralmente erróneos que traen de sus países —la aculturación tiene sus tiempos— están abocadas a problemas que ya están a la vista de todos.
Pensar es generalizar, y no hay manera de concebir una sociedad justa y buena si no levantamos la vista de nuestras oscuras particularidades y nos preocupamos por lo colectivo. Cualquier individuo que tengamos enfrente es un prójimo cuya dignidad nos obliga a ayudarle en todo lo posible sin cuestionamiento alguno sobre sus opciones personales o su etnia. Pero cuando hablamos de lo común surgen complejidades adicionales que jamás vamos a afrontar como ciudadanos críticos desde lemas como «nadie es ilegal» y otras paridas siderales.
