La pugna por hacerse con la secretaría general del Partido Socialista está haciendo aflorar las prácticas más rastreras a las que nos tienen acostumbrados las luchas por el poder. Hasta el momento, todo se había limitado a los habituales dardos envenenados, con los equipos de los aspirantes tratando de intoxicar a los periodistas con comentarios negativos acerca de sus oponentes. Pero ahora, alguien ha decidido cruzar la línea, y ha recurrido a la filtración de información que adecuadamente utilizada, sí puede ser muy perjudicial para el aludido.

Ha sido “Elconfidencial.com” el que ha publicado que Pedro Sánchez, uno de los aspirantes, había escondido que perteneció a la Asamblea General de Caja Madrid entre 2004 y 2009, tiempo en el que la entidad llevó a cabo la mayor emisión de preferentes lanzada hasta entonces por la banca española.

El afectado se ha apresurado a denunciar “malas artes” de los candidatos rivales por haber provocado la publicación de esta información y, aunque no ha señalado directamente a Eduardo Madina, parece que es de él de quien sospecha que pueda estar detrás del juego sucio.

La información publicada es cierta. Pedro Sánchez, como el resto de concejales del Ayuntamiento de Madrid, perteneció a la Asamblea General de Caja Madrid. Y también es verdad que, en la época en la que estuvo, se aprobó la emisión de preferentes, incluso después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores hubiese alertado a los inversores del riesgo de ese negocio. Tiene razón Sánchez al sacudirse cualquier responsabilidad al respecto, al argumentar que no es la Asamblea General el órgano que decide tales operaciones, sino el consejo de administración o la presidencia. Pero no hay que olvidar que los miembros de la Asamblea, tal como determina el artículo 29 de los estatutos de Caja Madrid, reciben, con al menos veinte días de antelación a su reunión, las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado, el informe de la comisión de control sobre la censura de cuentas y, en su caso, el informe de auditoría externa. Y Pedro Sánchez, en su condición de economista, debería saber interpretar esos datos y, como miembro de ese órgano, estar al corriente de las advertencias de la CNMV. En caso contrario, nos veríamos obligados a reconocer que esos puestos carecen de utilidad y son meras excusas para “colocar” a los políticos en lugares donde cobrar dietas.

Y respecto a la filtración de algún interesado en perjudicar a Pedro Sánchez en la pugna por la secretaría general, los manejos nos recuerdan a los viejos tiempos del PSOE, en los que la “guerra de dossieres” estaba a la orden del día. Qué tiempos aquellos.