Más mata una mala lengua
que la mano del verdugo;
el verdugo mata a un hombre
y la mala lengua a muchos.
La semana pasada la cuestión lingüística española, es decir, la marginación del español por parte de los habituales gestores de la discriminación, volvió a la actualidad.
El primer hito nos lleva a la Comunidad Autónoma Vasca. Allí, 1.778 alumnos han pedido la revisión de sus exámenes en Lengua Vasca y Literatura en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) después de recibir notas muy bajas e incluso algunos ceros. La protesta coincide con un nuevo intento de extender el euskera batua, establecido oficialmente en el muy franquista año de 1968 a Navarra. El efecto que supondría convertir el vascuence en lengua cooficial sería que el 17% de la población navarra tendría privilegios para acceder al empleo público. Al igual que en los fantasmagóricos Países Catalanes, la maniobra busca no sólo fabricar diferencias entre españoles sino, también, liberar el excedente de profesores formados en el núcleo irradiador secesionista y enviarlos a hacer apostolado, es decir, activismo, a las regiones vecinas. El fenómeno es plenamente visible en las protestas que los docentes están llevando a cabo en la Comunidad Autónoma de Valencia. En las calles valencianas, la marea educativa ha incorporado corrientes catalanistas que responden a la estrategia descrita. Nada nuevo, por lo demás, en la Babel autonómica.
Por ampliar aún más el espectro, en Galicia, el Partido Popular, a través de la Secretaría General de la Lengua, cuyas publicaciones en X están únicamente en gallego, ha puesto en marcha una iniciativa llamada “Falemos + Galego” cuyo verdadero sentido es “No hablemos español”.
A todo ello ha de sumarse una noticia llegada desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ha dictaminado que exigir un mínimo del 25% de clases en español en Cataluña no es discriminatorio y protege el derecho fundamental a la educación en la lengua oficial de España. La conclusión extraída desde Estrasburgo es que el modelo de inmersión obligatoria en catalán vulnera los derechos de los hispanohablantes. La reacción de los interesados, tanto la de los hispanófobos que monetizan su resentimiento como la de quienes lo supuran sin lucro, ha sido poner el grito en el cielo y victimizarse, sentimiento que es seña de identidad de quienes celebran una derrota cada 11 de septiembre.
Pese al dictamen, que tienta a los supremacistas catalanes, tan europeístas ellos, a tachar de fachas a los miembros del Tribunal, las posibilidades de que un niño pueda escolarizarse en español en la española región de Cataluña son nulas. Las de acceder a un raquítico 25%, también, pues el administrador del negocio, Illa, ha manifestado en muchas ocasiones que el modelo educativo no se toca. Transidos de narcisismo y de hipocresía, los mandarines catalanes no dejan de propagar el argumento de que la inmersión lingüística en catalán es un modelo de éxito. Un modelo aplaudido por los sindicatos verticales, que afirman que esta imposición constituye un ascensor social. Un ascensor averiado, pues los apellidos charnegos rara vez acceden a las plantas nobles de la administración catalana.
Sea como fuere, el dictamen supone un éxito de esas heroicas y desamparadas plataformas cívicas que luchan por los derechos a los que dan la espalda los administradores de la Cloaca Máxima de Ferraz y los corifeos que se ganan el chusco en programas de nombre tan propio como Malas lenguas.