Dicho con todo el respeto por la difunta, si yo fuera el propietario del piso de Maricarmen me subiría por las paredes. Intentaron desalojarla tres veces: en octubre de 2025, en junio de este año y finalmente en septiembre. Teniendo en cuenta, además, que un desahucio no es una decisión arbitraria, es una sentencia judicial. En teoría, todos somos iguales ante la ley. Si yo no pago una multa de 50 euros, por poner un ejemplo, me embargan. Las administraciones públicas son implacables.
Además, lo suyo fue casi un abuso de confianza. El contrato fue subrogado dos veces. En 1960, al fallecer su padre. Y, en 2005, al traspasar su madre. El litigio arranca entonces. Todo ello por un piso de 90 metros cuadrados a cinco minutos del Retiro por el que pagaba poco más de 400 euros al mes, de los cuales más de la mitad eran gastos de escalera. O sea, que en realidad le costaba solo 204 euros mensuales.
Por eso, se han agarrado a lo de Maricarmen como en su día se agarraron al 11-M —o mejor dicho: a la gestión que hizo el PP del 11-M— y al Prestige. Yolanda Díaz ya lo intentó también en enero de 2024, cuando se fue a recoger bolitas de plástico —los famosos pellets— a una playa de La Coruña. Con escasos resultados: su partido fue barrido del Parlamento gallego en las elecciones autonómicas de un mes después. Apenas consiguió 29.000 votos y cero escaños.
Lo de Maricarmen es, pues, para intentar darle la vuelta a la tortilla. Y no hablar de Ceuta, de Ábalos, de Santos Cerdán, de Adamuz, del apagón, del hermano —condenado ya por sentencia firme— o de la catedrática. La única que conozco que llega a tener una cátedra sin haber obtenido siquiera licenciatura. Hasta UGT y CCOO se han apuntado a la ofensiva convocando una huelga general —la primera en ocho años— no contra el Gobierno, sino contra la oposición.
La vivienda se ha convertido, en efecto, en el tema estrella de la precampaña con ayuda de los medios afines. En Televisión Española parece que no haya otra cosa. El jueves titulaban: «Los madrileños despiden a Maricarmen». ¿Todos?, pensé. ¿Se echaron dos millones de personas a la calle para asistir al funeral?
Sin olvidar El País o La Vanguardia, medio en el que Pedro Sánchez presidía una entrega de premios una semana antes de convocar elecciones. Mientras que en TV3 dedican quince minutos de cada informativo al mismo asunto. Hacen lo que hacían con el proceso: se van a la Puerta del Sol y preguntan a los acampados. Mejor harían de preguntar a pequeños propietarios que, con lo que ingresan del alquiler del piso heredado de la abuela, pagan la residencia de la madre. Han pasado de «indepes» a progres en un plisplás. Se juegan las lentejas. Illa no ha tocado ni a los presentadores.
La estrategia pasa también por ocupar la calle. Sea la Puerta del Sol o la plaza Catalunya. Como en los tiempos del «No a la guerra». Para hacer ver que son miles. El nuevo relato.
Pero tengo la esperanza de que el elector no caiga en la trampa. En democracia, la fuerza se mide en votos. Ni en manifestantes ni en tiendas de campaña. Una cosa es lo que digan determinados medios de comunicación y otra lo que piensa la gente. Felizmente, las redes —y el sentido común— han roto el monopolio mediático.
Ya pasó con Trump en el 2016: al principio nadie daba un duro por él. Tenía en contra a las televisiones, al star system de Hollywood, a las tecnológicas de Silicon Valley e incluso a las grandes familias del Partido Republicano porque era un outsider. Sin embargo, acabó ganando a Hillary Clinton, que tenía que ser la primera mujer presidenta de Estados Unidos. Los electores no votan necesariamente lo que quieren los periodistas. De hecho, ni una editorial del Times hace ya temblar gobiernos.
