En principio, hay pocos factores de unidad en una nación tan eficaces como un ataque externo. Ante una invasión o una amenaza de otro Estado, lo instintivo en un cuerpo nacional medianamente sano es unirse frente al invasor, sea el peligro mayor o menor. Por eso es tan grave lo que estamos viendo en la crisis de Ceuta.
Hacía notar el autor y estadista norteafricano Ibn Jaldún en el siglo XIV que la cualidad más importante en una comunidad política a la hora de garantizar su continuidad y explicar su ascenso era la cohesión social, la ‘asabiyyah’. Y es esa unidad primordial la que está corroyendo la partitocracia.
Si la distinción esencial en la política es la clasificación de amigos y enemigos, según la genial perogrullada de Carl Schmitt, la división en partidos la institucionaliza, exacerba y consagra. El juego de poder, en lugar de limitarse a una élite rectora, se universaliza en el pueblo en general, y su propia dinámica puede abocar, como en el caso ceutí, al peor de los resultados posibles: que, en la pasión del debate político, un grupo prefiera alinearse formal o informalmente con el extranjero invasor (o, como poco, amenazante) antes que hacerlo con sus compatriotas.
No es, naturalmente, algo que puedan expresar demasiado explícitamente los políticos, que tienen que medir cuidadosamente sus declaraciones. Pero cada bando dispone de un «ejército de voluntarios», no necesariamente pagados o beneficiados por el grupo interesado, que se ocupa de inocular el mensaje con posiciones más claras, casi siempre mediante contribuciones en redes sociales con un fuerte componente emocional, disfrazadas de compasión y empatía que, curiosamente, nunca se extienden al enemigo político.
Pero esto no es una desafortunada distorsión del sistema ni una degeneración excepcional: como dicen los anglos, no es un bug, es un feature, es decir, no se trata tanto de una disfunción ocasional como de una prestación inevitable del sistema de partidos, que no por casualidad derivan del verbo ‘partir’.
Las facciones son inevitables en cualquier sociedad, y se hacen especialmente visibles en una democracia. Pero el sistema, en lugar de tratar de suavizar sus aristas y diluir sus efectos divisivos, los institucionaliza, condenando así al cuerpo social a una guerra incruenta pero constante entre banderías políticas. Y los propios partidos tienen un incentivo para acentuar las diferencias en lugar de reducirlas, y para demonizar al enemigo.
Hay además una paradoja especialmente irritante: las diferencias reales entre los partidos son mucho menores que la violencia de su enfrentamiento. Derecha e izquierda gobiernan dentro de un marco extraordinariamente estrecho, determinado por consensos, instituciones e intereses que las superan. Ninguna izquierda con posibilidades de gobernar pretende nacionalizar la banca ni ninguna derecha desmantelar el Estado del Bienestar. Precisamente porque las diferencias prácticas son limitadas, los partidos necesitan exagerarlas en el discurso: deben convencernos de que cada elección enfrenta dos modelos irreconciliables de sociedad.
Y aquí volvemos a Ceuta, porque lo verdaderamente alarmante de esta crisis está mucho más allá de la inmigración, de Marruecos o incluso de la integridad de nuestras fronteras. Lo que estamos viendo, especialmente en esa reacción popular espontánea que permiten observar las redes sociales, es hasta qué punto puede haberse debilitado el sentimiento de pertenencia a una misma comunidad política. Una nación puede sobrevivir a enormes diferencias internas; difícilmente puede hacerlo cuando sus habitantes empiezan a verse como grupos rivales que meramente coexisten sobre un mismo territorio.