Érase una vez un exalcalde faltón de Valladolid que un presidente que perdió unas elecciones quiso utilizar como ariete contra quien quiera que se le opusiera (es decir, «la fachosfera»). Sobre el papel, se lo puso a gestionar trenes, carreteras y puertos, pero en la práctica terminó manejando —como prioritaria obra pública— su cuenta de X, desde la que contribuye a que la red social sea menos foro de discusión educada y más taberna de podredumbre ideológica, y a que el país, cada día un poco más, se polarice.
Se nos ha olvidado lo que solía ser un ministro, más allá de su gestión: no un influencer chabacano, consagrado a responder con mala baba a críticas de particulares, señalar a periodistas y mofarse de particulares o a esparcir memes guerracivilistas de adversarios políticos, sino un servidor público. Como si estuviera permanentemente sobre un ring de boxeo digital, evacuando sarcasmos y descalificaciones y, para rematar, bloqueando sistemáticamente a quienes disienten con él, este señor es una afrenta para la polis y un peligro para la convivencia. No hablamos de una cuenta personal y reservada, sino de una herramienta informativa del gobierno de España: de alguien que, cuando comunica y lo sepa él o no, nos representa.
Que haya gente que, por afinidad ideológica, sea capaz de aplaudir a un señor que se ríe de los incendios en varias comunidades, basura sobre un drama social que se atrevió a presentar como una muestra de «legítima indignación», es más grave de lo que parece. ¿Cómo hay gente que da por bueno que un ministro comparta imágenes alteradas para atacar a adversarios sólo porque sea «de los suyos»? Se equivocan quienes creen que esto no se volverá en su contra: cada mensaje que perpetra este señor ahonda en la normalización de la perversa tesis según la cual los gobernantes tienen derechos como el de expresión que está muy por encima de sus deberes. ¿Cómo es que ya nadie habla de la casta?
Un ministro que llama «saco de mierda» a periodistas o activistas (igual da); un ministro que bloquea incluso a algoritmos que señalan la falsedad de sus informaciones condena a la democracia hacia una adolescencia insoportable. Un bully de manual que se instala en las más altas esferas envía a la sociedad un mensaje terrible sobre el liderazgo y la decencia. Cierto que no es el único que lo hace —que los demás dejen ya la fruta, es suficiente, señores—; no obstante, no estamos ante anécdotas, sino ante un modus operandi que es tan fiel a la estrategia divisiva del señor Sánchez que se permitió la cacicada de dejar que este señor, y no él, diera la réplica al líder de la oposición allá por 2023, inaugurando coherentemente la legislatura más sucia e inane de nuestra historia reciente.
Señalar, descalificar, ridiculizar: son técnicas que alejan el debate de la razón y lo acercan al enfrentamiento entre españoles. En este país un partido ha decidido que solo se mantendrá en el poder levantando muros, y a fe que se ha puesto a ello. Los discursos de una democracia sana deben regirse por normas de respeto y argumentación, jamás por descalificaciones personales ni bloqueos. Si la plaza pública se convierte en un circo barullero donde el aplauso de unos pocos sustituye al diálogo plural es que divide et impera es la única divisa desde la que se pretende gobernar. Acabar con esa ficción —no hay, fuera de la Carrera de San Jerónimo, facciones de españoles que se odian y X es indicativo de nada— es responsabilidad de todos.
Edward Said escribió que la ironía es una forma de conocimiento que nos obliga a ver la tensión entre la apariencia y la realidad. Pero aquí la tensión es brutal: la apariencia es la de un ministro que responde con vivacidad; la realidad es la de un empleado nuestro que incumple sistemáticamente sus obligaciones. Lo que hace este señor no es «jugar duro», según su autocomplaciente juicio: es defecar sobre las instituciones. La red social, aunque sea privada, funciona para muchos como un foro político de facto, y la mayoría de los ciudadanos espera que sus representantes usen ese foro con una dosis de responsabilidad mínima.
La política no debería ser un juego ni un espectáculo. Cuando un ministro pone su derecho como ciudadano por delante de su deber como representante público lo que hace es erosionar la confianza colectiva. El derecho a expresarse existe, pero en democracia se ve ampliamente superado por la responsabilidad de mantener un discurso que dignifique el espacio público. Quienes sufren este atascadero no son los políticos en disputa ni los trolls de internet: somos todos los ciudadanos que esperamos de nuestros representantes algo más que una cuenta de X encendida como una cerilla en la mano de un pirómano. Luego vienen los llantos porque baja la estima que los jóvenes tienen a la democracia: ¿cómo no va a bajar, si les enseñamos que la democracia es esto?
Decía Albert Camus que ser rebelde no es caer en la insensatez o el insulto, sino afirmar valores que trascienden la mera rabia. Cuando un político abraza la rabia como forma de comunicación, renuncia al papel que la ciudadanía le ha confiado. Ocurre además que cada tuit irreverente, cada sarcasmo afilado o cada bloqueo arbitrario es un tramo de carretera dejado sin mantenimiento o un tren de cercanías sin atender: el declive de las infraestructuras está a la vista de todos, y quienes hemos dirigido sabemos que cuando estás a una cosa no estás a la otra. Aunque este declive tenga más causas, gestionar infraestructuras reales requiere serenidad, datos y diálogo con expertos y ciudadanos, y vivir a polémica digital diaria aleja a su responsable de ello.
En El señor de los anillos, los trolls se vuelven piedra cuando les da la luz del sol. Llegará un día, cada vez más cercano, en el que estos personajes pasarán a la irrelevancia política; hará falta la luz de unas nuevas elecciones. Confío en que sus adversarios no se contagien de esta forma detestable de hacer política y puedan recuperar la honorabilidad del puesto, encarnada en quienes le sustituirán; que se abstengan de revanchas, reconduzcan el discurso y nos traten como merecemos. No continuemos por ahí con la excusa de que el juego lo inventó el sanchismo, porque esta es la ley que apenas admite excepciones: Boca grande = Carácter pequeño + Valía nula.